Sevilla hace justicia y condena a la ‘manada de Écija’ a penas de hasta 15 años de cárcel por la violación grupal a una menor

18 de abril de 2026
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Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 31 de marzo de 2024: la víctima salía de una discoteca, los jóvenes se ofrecieron a llevarla a su casa y la violaron en el interior del coche

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres jóvenes por la violación grupal de una menor de 17 años ocurrida en 2024. Dos de ellos han recibido penas de 13 años y seis meses de prisión, mientras que el tercero ha sido condenado a 15 años. Además, deberán indemnizar a la víctima con 80.000 euros.

Todo comenzó en la madrugada del 31 de marzo de 2024, a las puertas de una discoteca en La Carlota. Los tres agresores se ofrecieron a llevar a la joven de 17 años a su casa; sin embargo, convirtieron el trayecto en una pesadilla. La agresión se produjo dentro del propio vehículo, un espacio que pasó de ser un medio de transporte a una escena del crimen donde se vulneró la integridad de la menor.

Tras el ataque, la valentía de la víctima fue inmediata: contactó con los servicios de emergencia nada más llegar a su domicilio, activando un protocolo sanitario y policial que resultó clave.

Un proceso «doloroso»

El abogado de la acusación, Alejandro Álvarez, destaca que este fallo judicial es una prueba irrefutable de «la gravedad de los hechos declarados probados y la firme respuesta del sistema judicial», validando el relato de la joven desde el primer momento.

Para el entorno de la menor, este veredicto es un bálsamo necesario tras un proceso que califican como «especialmente doloroso desde el punto de vista humano y emocional». Aunque la sentencia aún no es firme, la familia la recibe como un hito fundamental para el cierre de sus heridas, considerándola «un paso decisivo en la restitución de la dignidad, la verdad y la justicia debidas a su hija».

Finalmente, la resolución pone el foco en la impecable coordinación del engranaje público, desde la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) hasta los peritos y forenses. El éxito del caso radica en esa red de apoyo que permitió transformar una denuncia en una condena ejemplar, enviando un mensaje nítido a la sociedad: la impunidad ante la violencia sexual no tiene cabida en el sistema actual.

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