La negociación del nuevo modelo de financiación autonómica ha estado marcada por la discreción y los contactos reservados. Antes del encuentro oficial celebrado en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno y el líder de Esquerra Republicana mantuvieron reuniones privadas que no fueron comunicadas públicamente y que resultaron clave para desbloquear el acuerdo final.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo al menos dos encuentros privados con el líder de ERC, Oriol Junqueras, con el objetivo de avanzar en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Estas reuniones se produjeron antes del encuentro público celebrado el 8 de enero en Palacio de la Moncloa, donde ambas partes escenificaron el pacto alcanzado.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado la existencia de estos contactos previos, aunque no han detallado ni las fechas ni los lugares en los que se celebraron. La decisión de mantenerlos en secreto responde, según el Gobierno, a la necesidad de facilitar el diálogo en un asunto especialmente sensible desde el punto de vista político y territorial.
El propio Junqueras confirmó públicamente la existencia de esas reuniones y defendió la legitimidad de mantenerlas fuera del foco mediático. En sus declaraciones, subrayó que el objetivo era defender los intereses de Cataluña, incluso si ello implicaba asumir un coste político o personal. Sus palabras reforzaron la idea de que el acuerdo no fue fruto de una única reunión, sino de un proceso de negociación prolongado.
Desde el Ejecutivo, la portavoz del Gobierno restó importancia al carácter reservado de los encuentros y puso el acento en los resultados. Aseguró que el Gobierno mantiene una labor constante de diálogo, que en ocasiones se desarrolla con total discreción, y defendió que lo relevante es que los acuerdos alcanzados se han comunicado posteriormente con transparencia.
La portavoz evitó confirmar si este tipo de reuniones privadas se han producido con otros líderes independentistas y, según fuentes gubernamentales, Sánchez no ha mantenido encuentros similares con figuras como Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi.
Tras la reunión oficial en Moncloa, Junqueras anunció que el nuevo sistema permitiría a Cataluña recibir 4.700 millones de euros adicionales, además de respetar el principio de ordinalidad, es decir, mantener su posición tanto en aportación como en recepción de recursos. Este punto ha sido uno de los más debatidos del acuerdo y una de las principales reivindicaciones del independentismo catalán.
Al día siguiente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la propuesta global del Gobierno para el conjunto de las comunidades autónomas. El plan contempla una inyección adicional de 20.000 millones de euros, aunque la aplicación del principio de ordinalidad no será uniforme para todos los territorios.
El caso pone de relieve cómo la negociación política en asuntos territoriales sigue combinando transparencia institucional con fases de diálogo reservado. Una estrategia que genera debate, pero que el Gobierno defiende como necesaria para alcanzar consensos en un escenario parlamentario complejo y fragmentado.