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El Rey Juan Carlos I se enfrenta a una querella por cinco delitos contra Hacienda

Los demandantes sostienen que el Ministerio Público informó al emérito de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias

Archivo - El Rey Juan Carlos sale del Real Club Náutico a 18 de mayo de 2024, en Sanxenxo (Pontevedra, España). / Fuente: EP

Los demandantes sostienen que el Ministerio Público informó al emérito de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias

Magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta contra el Rey Juan Carlos I ante la sala segunda del Supremo por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública, según publica EP.

En la querella, a la que ha tenido acceso EP, los exmagistrados explican que cinco delitos fiscales cometidos por el Rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, a la vez que sostienen que la Fiscalía informó a Juan Carlos de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.

“Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que exigen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no solo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitución, en este caso, la Jefatura del Estado”. Con estas palabras, los demandantes inicia su acusación al Rey emérito.

“El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de una Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización”, se lee en el documento recogido por EP.

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