El juez ha dado diez días al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para solicitar la apertura de juicio
El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta ha dado por finalizadas las diligencias que dirige desde mayo de 2022 sobre el comportamiento del exconsejero de Sanidad del Gobierno de la Ciudad, Javier Guerrero, entonces en el PP, y ha propuesto llevarlo a juicio oral como presunto autor de tres presuntos delitos de naturaleza sexual contra más de media docena de menores extranjeros no acompañados especialmente vulnerables.
El magistrado entiende, según han explicado fuentes jurídicas en declaraciones a Europa Press, que existen “indicios racionales” en la causa para juzgar al también médico por un delito continuado de agresiones sexuales en relación con el subtipo agravado por cometerse sobre menores de 16 años y otro por comunicación con niños de esa edad con fines sexuales.
El juez ha dado diez días al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias. Ambas partes han presentado recursos de reforma y, subsidiariamente, de apelación, para que la instrucción siga abierta hasta que la Guardia Civil analice todos los dispositivos electrónicos intervenidos al doctor el 11 de enero de 2023, cuando fue detenido en su domicilio.
Guerrero se enfrentaría por la vía del procedimiento abreviado a peticiones de condena de hasta nueve años de cárcel. El exconsejero permaneció en prisión provisional desde el 13 de enero de 2023 hasta finales de noviembre del año pasado, cuando se acordó su puesta en libertad sin pasaporte bajo fianza de 100.000 euros con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de cualquier niño migrante solo en Ceuta o en la península.
El procesado ejerció como consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta desde las elecciones de 2019, a las que concurrió con el PP, hasta enero de 2021, cuando se vio obligado a dimitir tras saltarse los protocolos de vacunación contra la enfermedad del coronavirus junto al resto de altos cargos de su departamento, algo que hizo a pesar de que según aseguró no le gustan “los pinchazos”. Meses después dejó del Partido Popular y fundó Ceuta Avanza.
En mayo de 2022 el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad alertó a la Fiscalía de comportamientos impropios del médico con menores foráneos sin compañía bajo su protección. El Ministerio Público puso, a su vez, el asunto en manos de la Guardia Civil bajo tutela judicial. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita le investigó durante más de medio año hasta su detención y posterior encarcelamiento.
El exconsejero también figura como investigado en otra causa por conspiración para lesiones tras ser escuchado por los agentes del Instituto Armado planear enviar “un recadito” en forma de paliza a los responsables del Centro de Acogida La Esperanza.
También ha sido denunciado por injurias y calumnias después de decir, en septiembre de 2022, que existía una conspiración en su contra para evitar que se presentase con su partido a los comicios de 2023 en el marco de la cual se “coaccionaba” a menores para que declarasen en su contra, causa que ya ha sido archivada en dos ocasiones por otra magistrada.