La nueva legislación busca asegurar una contribución mínima de grandes empresas pese a la oposición de PP, Vox y UPN
Este jueves, el Pleno del Congreso ha aprobado la reforma fiscal que incluye dos importantes nuevos impuestos: uno específico a la banca y otro que impone un tributo mínimo del 15% para multinacionales. Esta medida tiene como objetivo asegurar una contribución fiscal mínima por parte de grandes empresas y entidades financieras, especialmente en un contexto de incremento de beneficios en sectores clave.
La reforma ha contado con el apoyo de los grupos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria, mientras que PP, Vox y UPN votaron en contra. La sesión de votación fue notable, en parte, por la ausencia de José Luis Ábalos, exministro socialista y actual miembro del Grupo Mixto, quien no acudió al Congreso para emitir su voto, lo que generó ciertos rumores sobre sus motivaciones políticas.
Los días previos a la aprobación estuvieron marcados por intensas negociaciones. Tras una prolongada comisión de más de siete horas el lunes, las discusiones se extendieron hasta la misma mañana de la votación. La incertidumbre sobre el apoyo de Podemos, que había expresado reticencias, fue finalmente despejada cuando el Gobierno se comprometió a hacer permanente el impuesto a las empresas energéticas.
Para ello, se utilizará una futura ley o, en caso de necesidad, se optará por la prórroga del gravamen actual mediante un decreto ley. Este impuesto es fruto de un acuerdo con Junts, previamente fijado con una fecha de finalización en diciembre. Sin embargo, ERC, Bildu y BNG presionaron para su prórroga, a lo que el Gobierno accedió.
Incrementos a futuro
El acuerdo incluye la posibilidad de establecer un gravamen más formalizado y duradero mediante una proposición de ley. En caso de que las negociaciones para su implementación no concluyan antes del 31 de diciembre, se recurrirá a un decreto para que el impuesto se prorrogue temporalmente. Este compromiso representa una victoria para los partidos de izquierda que ven necesario mantener la presión fiscal sobre sectores que, a su juicio, han experimentado beneficios extraordinarios en los últimos años.
Además del impuesto a las multinacionales, que se alinea con la propuesta global impulsada por la OCDE para una fiscalidad mínima, el nuevo impuesto a la banca busca que las entidades financieras contribuyan más proporcionalmente en España, donde el sector ha obtenido altos beneficios en el contexto de los recientes incrementos de tasas de interés.
Esta reforma es uno de los primeros pasos en la estrategia del Gobierno para fortalecer el sistema fiscal español, con la promesa de que los sectores de alta rentabilidad contribuyan de forma más justa a los ingresos públicos.