Población, PIB y despoblación: las demandas que reclaman las CCAA en el nuevo modelo de financiación

La última propuesta de Hacienda, presentada hace años y basada en la población ajustada, no prosperó

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica, en un contexto de fuerte debate entre las comunidades sobre qué criterios deben primar. Mientras algunas defienden la población ajustada, otras apuestan por el PIB regional, y la mayoría reclama que se tenga en cuenta la despoblación y el envejecimiento.

El Gobierno aún no ha concretado los detalles del sistema, aunque ha adelantado que combinará la multilateralidad con acuerdos bilaterales. Sí ha trascendido que el modelo supondría 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, según afirmó el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez.

La última propuesta de Hacienda, presentada hace años y basada en la población ajustada, no prosperó. Ahora está por ver si el Ejecutivo retoma ese planteamiento o introduce un nuevo esquema, aunque Montero ha asegurado que ninguna comunidad saldrá perjudicada y que aumentará el porcentaje de cesión de algunos impuestos a las autonomías.

Cambios

Entre los cambios que se barajan figura la eliminación de las entregas a cuenta, una pieza clave del sistema actual. Además, el nuevo modelo deberá integrar la singularidad catalana pactada con el Govern de Salvador Illa, aún pendiente de concretar en lo relativo a la recaudación de impuestos.

Ocho comunidades —Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja— se han unido para reclamar que se prioricen criterios como la despoblación y el envejecimiento. En paralelo, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía defienden la población ajustada, mientras que Madrid, Cataluña y Baleares proponen que se tenga en cuenta el PIB regional, con Baleares y Canarias añadiendo el factor de la insularidad.

El Gobierno insiste en que el nuevo modelo debe contar con el consenso de PSOE y PP, pese a las posiciones divergentes dentro del propio Partido Popular. Tras su presentación, el plan se debatirá en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pasará por el Consejo de Ministros y el Congreso, con la previsión de que entre en vigor en 2027.