María Jesús Montero, candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, ha marcado sus prioridades para las elecciones del 17 de mayo con un programa que apuesta por la intervención pública en sectores críticos. Entre sus medidas estrella destaca la imposición de «techos máximos» a las viviendas de uso turístico para frenar lo que califica como un crecimiento «desordenado». La propuesta contempla prohibir nuevas licencias en zonas saturadas y priorizar siempre el derecho a la vivienda sobre la explotación vacacional.
En materia de transporte, Montero busca un cambio de modelo para reducir la dependencia del coche privado. El compromiso más ambicioso es iniciar formalmente el diálogo con el Estado para el «traspaso de las competencias en la gestión de los sistemas ferroviarios intracomunitarios». Con ello, los socialistas pretenden que la Junta asuma un papel proactivo en la planificación de Cercanías y Media Distancia, garantizando que la comunidad «no quede rezagada en las grandes redes europeas de transporte».
El programa también aborda el conflicto entre el taxi y los VTC, posicionándose claramente a favor del primero. Montero denuncia una «invasión descontrolada» de vehículos de alquiler con conductor y se compromete a regular por ley una «precontratación obligatoria de 30 minutos». Según el documento electoral, el objetivo es evitar que los VTC operen como taxis de calle o bloqueen estaciones «a la caza» de clientes sin reserva previa, asegurando que las reglas sean iguales para todos.
Para combatir el encarecimiento del alquiler, el PSOE-A propone un Plan Andaluz de Retorno de Viviendas Turísticas al alquiler residencial. Este plan incluiría incentivos fiscales y seguros de impago para que los propietarios vuelvan a ofrecer sus casas a los vecinos de la zona. Además, la candidata promete condicionar las licencias turísticas a la autorización de las comunidades de propietarios y crear una Agencia Pública de Inspección Turística para retirar anuncios ilegales de forma ágil.
Finalmente, el programa socialista defiende la cohesión territorial a través de proyectos estratégicos como la alta velocidad entre Huelva y Faro. Montero sostiene que el turismo solo será una palanca de progreso si se gestiona con «reglas claras y orientación al interés general», prometiendo una gestión que corrija la precariedad laboral y la saturación ambiental que, a su juicio, ha permitido el actual gobierno del Partido Popular en la región.