Martínez Arrieta encara el juicio del fiscal general como la tarea más relevante de su mandato, que acaba en abril de 2027

Cómo empezó la admisión de la querella contra Álvaro García Ortíz y cómo se llega al juicio oral del 3 de noviembre sin prueba ni indicio directo de que fue el quien filtró el correo de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por el que algunos magistrados desearían condenarle

Lo que podríamos llamar el guarreo (el desaliño o descuido, en su versión más benévola, ruin o indecente, en su acepción más cruda) de las diligencias de Álvaro García Ortíz, fiscal General del Estado, en la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha sido un rasgo presente desde los momentos anteriores a la apertura de la causa contra él, en fecha 15 de octubre de 2024.

Un día antes de la deliberación prevista, el 7 de octubre de 2024, avanzada la tarde, Miguel Ángel Rodríguez (alias MAR), el todopoderoso jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recibía una información fidedigna: la Sala de Admisión del caso, presidida por Manuel Marchena, decidiría al día siguiente, 8 de octubre, sobre si abrir causa o no, por revelación de secreto, contra el fiscal general del Estado.

Tal resolución era derivaba de una querella de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, en la Audiencia Provincial de Madrid, y otra del Colegio de Abogados de Madrid. Ambas objeto de una exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al Supremo -15 de julio de 2024- para que abriese una investigación centrada en una nota informativa de la Fiscalía del TSJM, ordenada por la fiscalía General del Estado (FGE).

MAR decidió, tras pensárselo, hacer uso de la información fetén, según le aseguraron, y se lanzó a las redes con un whatsapp en el que cumplía con su fuente. En lugar de destacar la noticia, la incluía como quien no quiere la cosa al final: «Y mañana toca el fiscal ese del Sanchismo. Vais todos ‘palante'».

El aldabonazo, claro, llegó a la Sala Segunda. «Manolo, vaya portavoz de comunicación con que cuentas que anuncia primicias informativas», le escribió un periodista a Marchena. El juez respondió con enfado, no sin desdén, por MAR “el personaje”, y apuntó que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso no había tenido contacto con ninguno de los cinco magistrados de la Sala de Admisión (Marchena, Susana Polo, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, y Carmen Lamela) y que el asunto todavía no estaba despachado, vamos, que se estaba deliberando en la Sala. Ninguna de estas explicaciones habían sido solicitadas por su interlocutor.

Es decir: Marchena incurría en lo que se conoce como ‘excusatio non petitaaccusatio manifesta’, esa locución latina que traducida es excusa no pedida, culpa manifiesta. Si no tienes nada de que justificarte -y su interlocutor solo intercambió con el magistrado una ironía- no te disculpes.

Una semana más tarde, el 15 de octubre de 2024, la Sala de Admisión, presidida por Marchena lo anunciaba: Álvaro García Ortíz sería el primer fiscal general del Estado, al menos de la historia contemporánea, investigado y acusado, como se comprobaría después, por el Supremo.

Se suponía que este no sería el derrotero. Porque la ponente, magistrada Polo, adscrita al sector progresista, quien en la Audiencia de Madrid había sido -en la prehistoria- titular del juzgado de instrucción número 4 y Marchena su fiscal, dijo desde el mismo 15 de octubre a sus amigos en la asociación Juezas y Jueces para la Democracia que no compartía la decisión. Que la nota informativa a la cual el TSJM atribuía caracteres de delito era legal y que estaba preocupada por estas diligencias.

Pero es que Polo, ¿no eras tú la ponente? ¿la que firma la propuesta de auto? Sí. ¿Y por qué no te opusiste? Claro, explicó Polo a sus interlocutores –uno a uno a lo largo de varios meses, según ha confirmado nuestra investigación con varias de ellos- es que cuando la ponente discrepa en una cuestión esencial tiene que formular voto particular. «Y Marchena me persuadió de que podíamos hacer unas diligencias para investigar no la nota, que en la que aparentemente, como yo pensaba no hay información indebidamente revelada».

Se añadió en el auto de admisión que «de la instrucción de la causa se desprende que antes de la nota de prensa, los correos, entre el fiscal del caso [Julián Salto] y el letrado de [Amador, señor Carlos Neira], fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial [Pilar Rodríguez]». Había otra razón que la ponente apuntó en algunas de sus conversaciones privadas: no es posible poner voto particular en el proceso de instrucción de una causa.

No es lo que se desprende de la Ley Orgánica del Poder Judicial que sí establece la posibilidad del voto particular en el artículo 260 o discrepante ante resoluciones definitivas. Y mucho menos la Ley de Enjuiciamiento Civil, de fecha posterior, que en su artículo 205 establece: “Todo el que tome parte en la votación de una sentencia o auto definitivo firmará lo acordado, aunque hubiere disentido de la mayoría, pero podrá formular voto particular…”. Le dijo Marchena – según la versión, muy parecida, dada por Polo a todos con quienes habló, que se harían unas diligencias. Que no llegarían, como era costumbre después de una dilatada experiencia a nada, y se archivarían. Quedaría como una advertencia.

La renuncia del fiscal general, gran apuesta fallida

Los magistrados que han impulsado esta causa nunca llegaron a concebir que García Ortíz podía llegar vivo al juicio oral. En román paladino: que su imputación primero y que su procesamiento después arrancarían su dimisión. Creyeron que si bien el reglamento de los fiscales no lo prevé, políticamente el FGE no lo resistiría. Dos de los magistrados -Marchena y Del Moral han sido fiscales y miembros de la secretaría técnica-, por tanto, tienen la necesaria experiencia.

García Ortíz no solo pensó en dimitir cuando la Sala de Apelaciones denegó el archivo de las diligencias, sino que, según información solvente recogida por esta investigación, le hizo llegar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el siguiente mensaje: «Dile al ministro que me deje ir». Pero, finalmente, pese al coste personal y familiar, asumió la batalla, según dijo en su discurso del 5 de septiembre, junto al rey Felipe, por «la verdad».

El juez instructor, Ángel Hurtado, intentó llegar hasta el smoking gun o la silver bullet, la bala de plata, o la prueba de cargo de que García Ortíz filtró el correo del 2 de febrero de 2024, aquel en el que el abogado Neira proponía un pacto de conformidad en sede judicial, confesando los dos delitos fiscales cometidos por González Amador.

Para ello, comprimió las diligencias a ese correo, intentado aislarlo del contexto. Hurtado vulneró, así, lo que dice el auto de admisión del 15 de octubre: «los correos, entre el fiscal del caso [Julián Salto] y el letrado de Amador, fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial [Pilar Rodríguez]». No solo se habla del correo del 2 de febrero de 2024 sino de “los correos”.

Y precisamente quien comenzó con las filtraciones fue MAR al filtrar el correo entre el fiscal Julián Salto y Carlos Neira del 12 de marzo de 2024. Fue su ejercicio de intoxicación masiva (51 periodistas lo recibieron). MAR lo filtró a El Mundo, con autorización de González Amador y luego a «sus periodistas» como les llama. La intoxación: la Fiscalía propuso un pacto de conformidad a González Amador y por orden «de arriba» (referencia al Fiscal General del Estado) lo han retirado.

Esta manipulación quedó patente en la declaración de MAR, quien explicó que la presunta retirada de la oferta de pacto era una deducción suya, sin respaldo informativo: “Tengo el pelo blanco, quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo en un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal”.

Es decir: por razones políticas, para castigar a Díaz Ayuso con una patada en el culo de González Amador, quien había ganado 2 millones de euros como intermediario de un contrato de mascarillas y había defraudado, según la Agencia Tributaria, 350.951 euros en los ejercicios 2020 y 2021 con unas 15 facturas falsas.

Hasta el teniente coronel Antonio Balas Dávila, responsable de los informes solicitados a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por el juez Hurtado le tendió una mano en el esfuerzo de «aislar» el correo del 2 de febrero de 2024. En su atestado omitió el hecho de que el primer filtrador fue MAR. Durante su declaración ante el juez Hurtado, cuando se le preguntó por qué no incluyó en la secuencia la citada filtración, respondió: «Incluyo lo que considero necesario».

Omitió, pues, uno «de los correos» que la Sala de Admisión señaló como objeto de la investigación y que el juez Hurtado intentó soslayar. Con la composición del tribunal de enjuiciamiento ya se puede a ver un mapa de previsión, sin tener lo que aflorará en el juicio oral.

Para el presidente de la Sala Segunda y presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, cuyo mandato vence en abril de 2027, será, si no se presentan imponderables, el acontecimiento de su corto mandato.

Hay que saber que, según varios testimonios solventes, mantuvo, en su calidad de presidente interino de la Sala Segunda, un diálogo subido de tono en el despacho del instructor. Salió de su despacho no porque Hurtado le despidiera con cajas destempladas. «Más bien fue al revés» señaló una fuente del Supremo a este diario.

La magistrada Ana Ferrer, por su parte, difícilmente perciba, según fuentes consultadas, la existencia de delito en las actuaciones, en línea con el voto particular del magistrado de la Sala de Apelaciones, Andrés Palomo, que bien podría servir de modelo de una sentencia absolutoria.

Por su parte, la ponente, también de esta sentencia, Susana Polo, tiene la oportunidad de revisar su conducta descrita en la Sala de Admisión. La sentencia condenatoria, pues, no tiene posibilidades de hacerse por unanimidad. Marchena se prestará a ir hasta el final con los votos de su incondicional Lamela, de Berdugo y de Del Moral, en una sentencia condenatoria de 4 contra 3. Claro, un jurista como Antonio del Moral, tendría que respaldarle. Y eso también esta por ver.

La alternativa es trasladar lo que Marchena, según la versión de Polo, le había apuntado para persuadirla, a la sentencia: una sentencia absolutoria, por falta de prueba, eso sí con un par de párrafos duros con la custodia de los correos y las filtraciones. Vamos unas frases para que lo que llamamos el sindicato mediático -judicial pueda llevar a portadas contra el Gobierno.

Pero si el guarreo fue la impronta antes de adoptarse la decisión de la Sala Penal de abrir causa, con MAR revoloteando como mosca cojonera con sus vaticinio -certeros-, también lo ha sido durante la instrucción de Hurtado. Cuatro periodistas de El País han decidido protocolizar -acudir a un notario para hacer un acta- sus mensajes y aportarlos como prueba a la causa. Incluso se ha sabido que la propiedad decidió ponerlo como excusa para despedir a la entonces directora, Pepa Bueno. Pero a lo que vamos: les encantaría saber queridas lectoras y lectores de quién fue la idea de llevar los mensajes a un notario.

Y saberlo guarrearía todavía más al tribunal.