Un término casi desconocido en España ha pasado a ser actualidad por las denuncias de los independentistas catalanes, que quieren poder romper una nación vulnerando las leyes, pero que el Estado no se defienda y la justicia no intervenga. Que las leyes son interpretables, que hay jueces más escrupulosos con las reglas y el procedimiento ha pasado siempre. La portavoz de Junts ha citado con nombres y apellidos a jueces y el senador del PP Monago ha respondido citando a otro. Ninguno está de acuerdo con actos judiciales que no les benefician.
Hay políticos que utilizan las denuncias contra el adversario y todos los jueces de distintas ideas interpretan las leyes según su criterio. No tendría sentido la pelea por nombrar a jueces de una u otra orientación ideológica, izquierda, derecha, independentista… en el CGPJ y el Constitucional si las leyes no tuvieran distintas interpretaciones. Donde hay personas cada cual con su circuito neuronal, es imposible pretender que actúen como robots. Lo que se echa en falta es un análisis garantista de los procedimientos judiciales por los mismos jueces, desde la Inspección del CGPJ y lo mismo se debe aplicar a la fiscalía, que dote de más garantías a los procedimientos judiciales.
Que los políticos controlen a los jueces acaba con la división de poderes y la democracia, y la modernización e independencia de la justicia no pasa por ahí. Mientras sea posible que en una investigación como la del ático de Marbella las tres comisiones rogatorias se envíen con errores y ninguna llegue a la empresa desde donde pudieron salir los fondos, que el juez, la fiscalía y la policía no hayan hecho lo necesario para aclarar la procedencia de los fondos habla mal de todos. En los años de Gobierno de M. Rajoy (ese desconocido que aparece en la investigación de Kitchen y Bárcenas y que el juez García-Castellón no ha sabido identificar), con Rafael Catalá como ministro de Justicia, Montoro en Hacienda y Fernández Díaz en Interior, se han producido actuaciones en la justicia y la Policía que no deberían poder producirse en una democracia ni Estado de derecho o al menos, no sin respuesta legal.
Ahí está Rodrigo Rato, que ya ha denunciado la actuación de la fiscalía y su investigación prospectiva; Mario Conde; Rosell, ex presidente del Barcelona absuelto tras dos años de cárcel; José Mª Villar, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, la investigación prospectiva acreditada sobre Villarejo, o los juicios que acaban de ganar a Hacienda Xabi Alonso o Dani Pedrosa. Los jueces deben ser independientes, pero no impunes. Además del sistema de recursos, debería actuarse desde la Inspección del CGPJ, desde jueces nombrados por jueces, que pudieran revisar la instrucción y no permitir errores materiales como los citados en el caso del ático de Marbella. Errores materiales groseros cometidos por casualidad por fiscalía, juez y policía. Si además se dobla o triplica la plantilla de jueces, medios y personal de justicia, seguramente pasaríamos de tener una justicia paralizada a la que necesitamos. Una justicia más ágil y segura, más cerca de la ciudadanía, con menos artificios y con controles desde órganos judiciales que garanticen la coherencia de las decisiones y el sometimiento a las pruebas materiales, tanto de jueces como de fiscales. No puede estar alguien en la cárcel dos años con una petición de muchos años de condena de fiscalía, salir absuelto y que no pase nada.
Con un mecanismo de inspección adecuado, los informes policiales presuntamente periciales como el que identificaba a Villarejo en el Canal de Isabel II reunido con el pequeño Nicolás, de varios folios con todo tipo de presuntos datos objetivos, antropométricos, de forma de andar, estatura, etc. realizado desde la unidad de Asuntos Internos de la Policía, que se acreditó falso, no habría quedado impune. Estos informes falsamente periciales son subjetivos, han existido siempre y se generalizaron en la lucha contra el terrorismo, donde los policías y guardias civiles exponían hechos sin pruebas, elucubraciones que los jueces consideraban informes periciales fruto de investigaciones que o no se realizaron o no fueron positivas, pero eran aceptados como prueba. Eso sigue pasando hoy y mientras no haya control sobre ellos, sobre policías, fiscales y jueces respecto a las pruebas materiales aportadas, el Lawfare existirá pero no contra los independentistas, que demandan que no les sean de aplicación las leyes españolas hagan lo que hagan, sino por la organización de la justicia, por confundir independencia con falta de control.
El independentismo quiere acabar con el Estado y la nación; ese siempre fue su objetivo y atacar a la justicia es una batalla más, como antes ganaron la del referéndum ilegal, los indultos, la sedición, la rebaja de la malversación, ahora la amnistía y después les queda el nuevo referéndum, este pactado con el Gobierno de España para dividir la nación. Se sienten superiores al resto de españoles y están contando con el apoyo del PSOE y Sumar, con el amado líder sanchista dirigiendo la orquesta para conseguir sus objetivos contra todos los españoles. En esa rueda estamos.