La Justicia advierte al Gobierno de posibles sanciones y le exige medidas para reducir la temporalidad
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado este jueves que España está incumpliendo el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo con duración determinada, por lo que miles de interinos deberán convertirse en puestos fijos. Además, señala que España carece de las medidas legales adecuadas para frenar la temporalidad.
Sobre las indemnizaciones por finalización de contrato, reformadas recientemente, el Tribunal mantiene que no es lo suficientemente exigente para cumplir cumplen con los acuerdos. Asimismo, señala que la prevención de abusos como encadenar contratos sucesivos no aplica o no está contemplada.
La sentencia europea alude a tres litigios de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y a la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.
Desde la Secretaría de Estado de Función Pública confirman que todavía están estudiando cómo aplicar la sentencia. Afirman que ya existen medidas en esta dirección, como «eliminar la tasa de reposición y su sustitución por la gestión provisional de efectivos». Respecto al Plan de Recuperación, Transparecia y Resilencia (PRTR), que pretendía reducir 300.000 plazas temporales antes de 2025, apuntan que «ya se ha cumplido el 75%» del objetivo. Según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial, en España hay 607.470 interinos, el 22,4% de los más de tres millones de funcionarios.
La indemnización no es la solución
El texto legal explica que el objetivo no es la indemnización, sino converitir los contratos temporales en fijos. En este aspecto, acusa a España de hacer «un empleo abusivo» de la temporalidad. Este punto lleva más de un lustro entre las principales reclamaciones laborales de Bruselas, que bloqueó parte de los fondos de recuperación posCovid por el incumplimiento del acuerdo.
La Unión Europea sostiene que «la interpretación restrictiva de la temporalidad se utiliza para emplear a trabajadores de forma precaria durante años». Además, advierten que «esta situación puede excluir a muchos trabajadores de la protección perseguida por la normativa europea». En esta línea, recuerdan que la Administración no ha convocado las plazas en plazo y forma.
Para el Tribunal, la convocatoria de esos procesos dentro de los plazos establecidos debería prevenir «los abusos derivados de la utilización sucesiva de relaciones laborales de duración determinada, a la espera de que dichas plazas se cubran de manera definitiva». Todavía se desconoce la implicación real de esta resolución, si bien debería suponer un cambio en las políticas de contratación españolas.