La Audiencia Nacional sienta en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados y otras 40 personas por corrupción en otra pieza de Púnica

El juez abre vista oral por el amaño de contratos de suelo público e infraestructuras de metro en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2011

La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, el empresario David Marjaliza y el inversor Javier López Madrid, junto a otras 40 personas y 79 empresas en el marco de una nueva ramificación del caso Púnica. La resolución del juez Antonio Piña activa de este modo la denominada pieza número 8 del macroproceso por corrupción.

Esta parte de la investigación judicial se centra específicamente en las presuntas adjudicaciones irregulares y amaños de suelo público e infraestructuras gestionadas por las empresas públicas Arpegio y Mintra. Las pesquisas abarcan el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011, coincidiendo con la etapa en la que Granados ejerció como consejero de Transportes y de Presidencia en los gobiernos autonómicos del PP madrileño.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 42 años de prisión para Francisco Granados por la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental. El Ministerio Público sostiene que la red desvió fondos y manipuló los concursos de grandes obras de transportes de la región, entre las que figuran los proyectos de Metro Sur, Metro Norte y el Metro Ligero a Boadilla del Monte.

El juez describe una “dinámica planeada”

El auto judicial ratifica la existencia de una «dinámica planeada» durante la instrucción de la causa, en la que se describe cómo la trama corrompía el sistema administrativo desde dentro. Según los informes que constan en el sumario, ciertos funcionarios públicos redactaban los pliegos técnicos con criterios de valoración y precios diseñados de antemano para favorecer de manera directa a las compañías vinculadas a la red delictiva.

Posteriormente, la operativa descrita permitía elevar considerablemente el coste final de los contratos públicos mediante la aprobación de adjudicaciones complementarias y modificaciones de obra injustificadas que generaban sobrecostes millonarios. Esta pieza supone un paso clave en el cierre de la macrocausa Púnica, destapada en el año 2014 y centrada en una red de comisiones ilegales y financiación irregular que afectó a administraciones de Madrid y Murcia.