El juez cita a Koldo García y a Aldama el 27 y 28 de noviembre por la compra de mascarillas
La Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama los días 27 y 28 de noviembre en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía tras haber recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas adjudicados a empresas de la presunta trama por el Gobierno de Ángel Víctor Torres.
En concreto, De Aldama tendrá que comparecer ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García deberá hacerlo un día después, el 28 de noviembre. Los dos están citados a las 10 horas.
Pagos en metálico
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).
El magistrado Ismael Moreno abre una pieza separada a propuesta del magistrado del Alto Tribunal que interrogó a dos responsables de los abonos en efectivo a José Luis Ábalos en la sede de Ferraz.
El juez Ismael Moreno actúa tras recibir un auto del magistrado encargado del caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, indicándole que el movimiento de fondos en efectivo merecía una investigación. Puente le adjuntaba las recientes declaraciones en el Alto Tribunal del ex director gerente del PSOE, Mariano Moreno, y de la secretaria del área de Organización del partido Celia Rodríguez, según la crónica que firma Manuel Marraco en El Mundo.
La información añade que el magistrado consideró que sus explicaciones reflejaban una falta de control en los fondos que justificaba seguir adelante con esa rama de la investigación, para la que no es competente el Supremo al no aparecer, de momento, la responsabilidad de ningún aforado.
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