Juzgados de violencia de género en España: entre carencias, desigualdades y salas sin víctimas

Solo el 38,9% dispone de salas de espera adecuadas para víctimas que van acompañadas de menores

En un mapa judicial donde cada juzgado debería ser un refugio seguro para las víctimas, los resultados muestran una realidad muy distinta: desigualdad, carencias estructurales y falta de espacios adecuados siguen marcando la atención a la violencia de género en España. Así lo revela una encuesta realizada a titulares de juzgados con competencia en violencia sobre la mujer, cuyos datos ha recogido el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público el informe, tras presentarlo ante el Pleno y acordar su remisión a los vocales territoriales y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, con el fin de promover mejoras en el funcionamiento de estos órganos judiciales.

La encuesta, que recoge respuestas de 477 juzgados —121 especializados en violencia sobre la mujer, 314 compatibles y 42 juzgados de lo penal—, se centró en aspectos como la calidad de las instalaciones, la disponibilidad de abogados de oficio, la presencia de Unidades de Valoración Forense Integral, oficinas de atención a víctimas, dispositivos telemáticos y medios personales.

Uno de los datos más significativos es el bajo nivel de satisfacción con las instalaciones, con una media nacional de 2,9 puntos sobre 5. Baleares (2), Andalucía (2,6) y Asturias (2,8) figuran entre las regiones peor valoradas. Además, el 79% de los juzgados no cuenta con espacios específicos para víctimas, y el 90,5% carece de puntos de encuentro familiar.

Respecto a espacios sensibles, solo el 38,9% dispone de salas de espera adecuadas para víctimas que van acompañadas de menores y apenas el 31,2% tiene una cámara Gesell, herramienta clave para declaraciones protegidas. Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer presentan una valoración ligeramente superior (3,1), seguidos de los juzgados penales (2,9) y los compatibles (2,7).

En cuanto al acceso a asistencia jurídica, el informe refleja una situación más favorable. A nivel nacional, el 83,7% de los juzgados dispone de letrados de oficio especializados en violencia de género. Sin embargo, existen diferencias notables: Extremadura presenta el peor dato, con solo un 58,3% de disponibilidad, mientras que comunidades como Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid alcanzan el 100%. Andalucía, Aragón y País Vasco también se sitúan cerca del pleno acceso.