Cinco familias de jóvenes asesinados por menores han registrado en el Congreso de los Diputados 130.000 firmas para reclamar una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Consideran que las penas actuales son “insuficientes” y, en algunos casos, directamente “de vergüenza”.
A las puertas de la Cámara baja, Silvia Guerrero, madre de Juan —asesinado en Tárrega—, expresó el sentir de los familiares: “Estamos aquí reunidos con estas 130.000 firmas para exigir que se nos escuche”. Su principal demanda es clara: “Que las condenas sean más altas y en regímenes cerrados”.
Las familias critican que, frente a penas más elevadas en adultos, la ley del menor contemple máximos de entre cinco y ocho años. “No podemos tolerar… que en muchas ocasiones tengan regímenes semiabiertos, que significa que pueden salir del centro. Y eso es intolerable”, subrayó Guerrero.
El acto reunió también a familiares de otras víctimas, como Daniel (Sevilla), Jesús (Sevilla), Alejandro (Córdoba) y Leticia Rosino (Zamora). Todos comparten la percepción de que el sistema actual no responde con proporcionalidad a la gravedad de los delitos.
“Mi hijo no volverá a salir nunca más del cementerio y no puedo entender que esa persona tenga derecho a salir”, denunció Guerrero, quien cuestiona que “parezca que tienen más derecho los asesinos que las víctimas”. Para ella, las penas actuales no reflejan el daño causado.
La madre calificó de “ridículo” que una muerte se castigue con ocho años de internamiento: “Cuando te lo dicen te sientes que es un chiste de mal gusto”. Además, defendió que la ley “está obsoleta” y lanzó un mensaje a los políticos tras el contacto con varios partidos: “¿Qué harían si fuera su hijo?”.