La Agencia Tributaria viene requiriendo información a los representantes del emérito sobre cacerías, y gastos entre 2014 y 2018 que no fueron incorporados a las diligencias que archivó la Fiscalía.
La que avisa no es traidora.
Fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dio el aldabonazo el 7 de octubre de 2021, dos días después de que desde la Fiscalía General del Estado filtrase, el 5 de octubre, que se archivarían las diligencias de investigación sobre el patrimonio acumulado de Juan Carlos I, informa Ernesto Ekaizer en El Periodico de España. En medio de la euforia del retorno del emérito a raíz del anunciado archivo, que, en realidad, se concretaría cinco meses más tarde, el 2 de marzo de 2022, Montero señaló: “Se están suponiendo muchas cosas respecto a cómo se tramitan los expedientes”.
Se refería a las diligencias de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre Juan Carlos I. La investigación no se cierra -decía la ministra- por lo que pueda decidir la Fiscalía del Tribunal Supremo.
“Una cuestión es el auxilio judicial [de la Agencia Tributaria a la Fiscalía] y otra cuestión distinta son las averiguaciones para la comprobación de que una regularización es completa y veraz”, explicó la ministra. Según matizó, son dos investigaciones distintas y tienen “otro ritmo” y no necesariamente coinciden.
¿Tienen que llegar a las mismas conclusiones? Montero no precisó este punto, pero dejó entrever que, en efecto, Hacienda no tenía necesariamente llegar a las mismas conclusiones que la Fiscalía.
Problema: la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió a la Organización Nacional de Inspección del Fraude (ONIF), el más importante departamento de la Agencia Tributaria, un informe sobre las regularizaciones de Juan Carlos I.
Un primer informe fue complementado más tarde por otro.
EN DOS TANDAS
Es que el emérito había regularizado ingresos por algo más de 600.000 euros en diciembre de 2020 (enviados por su amigo el millonario azteca-británico Allen Sanginés-Krause a su testaferro, el coronel del aire Nicolás Murga a su cuenta de Ibercaja) vía impuesto de donaciones en la Comunidad de Madrid. Y un par de meses después, presentó otra regularización por renta, a raíz de los casi 7 millones de euros que gastó en viajes en jets privados que pagó la Fundación Zagatka de Liechtenstein, entre 2014 y 2018. Esa regularización por 4,4 millones de euros fue objeto de tres presentaciones ante Hacienda, que se fueron perfeccionando con la ayuda de los inspectores de Hacienda, según consta en el decreto de archivo, hasta la última versión, el 18 de febrero de 2021.
La Agencia Tributaria, por tanto, tuvo que emitir un nuevo informe, según se ha señalado, complementario. La conclusión: la regularización de Juan Carlos I había sido espontánea, veraz y completa.
En el decreto de archivo, cabe recordar, se dejaba constancia de que en las declaraciones complementarias del emérito no se regularizaba, tras estudiar la contabilidad de Zagatka, una compra de armas de fuego por valor de 102.000 euros, fechada el 29 de junio de 2018. Eran tres escopetas Eder Titanio calibre 12 cañon 72 centímetros fabricadas por Kermen Armas, una armería domiciliada en Elgóibar (Guipuzcoa). La cuota tributaria que el emérito debió haber satisfecho resultó de 30.411,14 euros.
Eso, aparentemente, era todo lo que faltaba.
Pues no. Hacienda también ha pedido información al emérito por otros regalos como cacería y gastos, según ha informado el diario ‘El Mundo’.
Pero, atención, no se trata de “buscar las cosquillas“ del emérito con una nueva inspección. No.
EXPLICACIONES
“Estos requerimientos de información o comprobación -que no inspección tributaria- invalidarían las regularizaciones para el correspondiente ejercicio al que se imputen, y eso aunque sea por un euro”, señala Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha a EL PERIÓDICO.
“Aquí no se trata de una reclamación independiente de las otras como quien corta un salchichón en lonchas. Salvo que pretendan llevar esas cacerías a donación y pagasen un 70%. Pero lo relevante es que hay una contradicción entre el hecho de que se han archivado en marzo las diligencias. Es incompatible. Tienen que dar una explicación”.
La pregunta del millón: si, como advirtió Montero, ya se estaban viendo “otros gastos, ¿por qué la Agencia Tributaria, al auxiliar a la Fiscalía del Supremo, dio el visto bueno a las regularizaciones a través de, no uno, sino dos informes antes del 2 de marzo de 2022?
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El tema no es si los gastos son irrisorios o no llegan a la cuota de 120.000 euros para ser considerado delito fiscal.
El 11 de diciembre de 2020, precisamente, la Fiscalía General del Estado, tras conocer la primera regularización de Juan Carlos I por el dinero que le transfirió Sanginés-Krauze, señaló en un comunicado que al decidir sobre las diligencias de investigación se analizarían de la regularización, entre otros aspectos, “su espontaneidad, veracidad y completitud en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo”.
A su vez, el decreto de archivo de las diligencias del 2 de marzo de 2022 se ampara también en los informes de la ONIF (Agencia Tributaria) que dan por conformes a ley las regularizaciones.
NI ESPONTÁNEA NI COMPLETA
Los inspectores de Hacienda que auxiliaron a los fiscales del Tribunal Supremo dieron por buenas las regularizaciones, entre otras razones, porque se cumplía con el requisito de espontaneidad del Código Penal. Pero esta bendición se basó en el relato que los mismos fiscales informaron a los inspectores de Hacienda.
Y en dicho relato se desvalorizó un hecho relevante: que la Fiscalía del Supremo notificó a Juan Carlos I la apertura de cada una de las diligencias de investigación, en junio (‘caso AVE del Desierto’ en Arabia Saudí), noviembre (transferencias de Sanginés-Krause) y diciembre de 2020 (‘trusts’ Tartessos y Hereu de los años 90 en la Isla de Jersey y JRM, o Joaquín Romero Maura) y se le ofreció personarse en la investigación. Los abogados de Juan Carlos I declinaron hacerlo, precisamente, para que no se pudiera objetar que, en caso de presentar regularizaciones, no se considerasen espontáneas o voluntarias.
Y, ahora, aflora aquello que ha avisado María Jesús Montero, que el archivo de la Fiscalía no cerraría las comprobaciones de Hacienda.
Como mínimo, entre 2018, cuando se filtraron las grabaciones entre el excomisario Pepe Villarejo y Corinna zu Sayn-Wittgenstein, y la actualidad, Hacienda jamás abrió una inspección al emérito aun cuando las informaciones en España y las diligencias del fiscal suizo Yves Bertossa, en agosto de 2018, ofrecían razones para hacerlo para terminar avalando a la Fiscalía del Supremo a la hora de archivar las investigaciones.
Hacienda es un animal bicéfalo. Una de sus cabezas respaldó el archivo porque la regularización del emérito había sido espontánea, veraz y completa. Y la otra, que ya advertía en octubre de 2021 de que las comprobaciones seguirían adelante después del citado archivo, firmado el 2 de marzo de 2022, ahora reconoce la evidencia: no ha sido completa.