La próxima semana, el Pleno del Congreso debatirá y votará una nueva proposición no de ley del Partido Popular. En ella, reclaman al Gobierno una auditoría “integral” del sistema de control telemático para maltratadores. La iniciativa se centra en el sistema Cometa, responsable de las pulseras desde que se cambió de proveedor en 2023.
El PP solicita que la auditoría sea técnica, operativa y judicial, además de independiente. La formación política insiste en esta revisión tras las alertas de la Fiscalía General del Estado. Su Memoria de 2024 señalaba absoluciones por fallos en los dispositivos. Según los ‘populares’, estos problemas podrían dejar a víctimas desprotegidas y comprometer resoluciones judiciales.
No es la primera vez que el PP lleva este asunto al Congreso. En septiembre de 2024, la Cámara reprobó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la gestión de las pulseras telemáticas. La nueva iniciativa pide evaluar el impacto de la pérdida de datos en los procesos judiciales, detallando número de casos, sentencias afectadas y posibles víctimas. También solicita informes sobre la solvencia de las empresas contratadas y las características técnicas de los dispositivos adquiridos desde 2023.
El PP insiste en conocer las causas técnicas de los fallos. Reclama información sobre los protocolos de seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema. Además, piden detalles de las medidas adoptadas para recuperar datos perdidos y de cualquier mejora implementada para evitar errores futuros.
La propuesta incluye establecer un mecanismo de supervisión permanente, con participación de las administraciones implicadas. El objetivo es garantizar la fiabilidad del sistema y prevenir incidencias. También se solicita que los juzgados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén mejor informados sobre el funcionamiento y control de las pulseras, asegurando respuestas rápidas ante cualquier fallo, según Europa Press.
El PP quiere, además, que el Gobierno informe sobre la compra de los dispositivos por parte del Ministerio de Igualdad, incluyendo costes, proveedores y la transición de un modelo de alquiler a la adquisición directa. Por último, solicitan sustituir los dispositivos si su fiabilidad técnica resulta insuficiente para proteger a las víctimas.
Con esta proposición, el PP busca no solo explicar los fallos, sino exigir soluciones concretas. La iniciativa será debatida en el Congreso la próxima semana, en un contexto donde la seguridad de las víctimas de violencia de género sigue siendo un asunto prioritario y sensible para toda la sociedad.