El imperativo ético de la custodia ambiental

“La naturaleza no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo que debemos devolver íntegro a nuestros hijos; quien la daña, hipoteca el futuro de la especie.” Mahatma Gandhi

Resulta imposible abstraerse de la fundamentación ontológica que la naturaleza impone al ser humano sobre la faz de la Tierra. No se trata de una opción estética, sino de una incumbencia vital y existencial que obliga a los gobiernos del orbe a resguardar el único hogar que compartimos. En este sentido, el Reino de España, en sintonía con las corrientes más avanzadas, consagra en el Artículo 45 de su Constitución el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber inexcusable de conservarlo. Las naciones han de promulgar legislaciones con principios sólidos, tendentes al cuidado del aire que nos da aliento, de las aguas que son cauce de vida, y de la flora y fauna que equilibran el complejo engranaje de la biosfera. La protección de la tierra no es solo una tarea administrativa, sino un diseño jurídico patriótico y universal que debe ser el norte de toda gestión pública responsable.

Arrogarse la defensa del ecosistema cuando este se manifiesta como un débil jurídico incapaz de hablar, pero que se expresa con crudeza a través de sus síntomas de degradación, es una labor loable. El ambiente se pudre y se descompone bajo la acción inconsciente o depredadora del hombre, y es allí donde debe sumarse la mejor voluntad institucional para contrarrestar tales agravios, velando por la utilización racional de los recursos naturales. Vista bajo esta óptica, la acción de los ministerios públicos y las fiscalías con competencia ambiental no es meramente burocrática; es una necesidad protectora de aquello que permite la sustentación de la vida misma, fundamentada en la sui géneris calidad humana de quienes, llamados a ejercer un oficio de tal magnitud, no desmayan en la persecución del restablecimiento del equilibrio ecológico por obra de la ley.

El ministerio fiscal, como vigilante incansable, debe estar consustanciado con la urgencia de mantener el entorno impoluto. Esta asunción de una férrea defensa de los ecosistemas es el único camino para asegurar que el desarrollo no se convierta en cenizas. Sobre la biodiversidad y las bellezas naturales cabalga el futuro de cualquier país; por tanto, ignorar la nota ambiental es ignorar el derecho a la existencia. Solo una justicia ambiental proactiva, que entienda la interdependencia entre el bienestar humano y la salud del planeta, podrá garantizar que el legado de la creación permanezca como un derecho efectivo y no como una simple declaración de intenciones marchitas en el papel de la historia.

“La ley ambiental es el escudo de los que no tienen voz y el testamento de los que aún no han nacido; su cumplimiento es el mayor acto de justicia de nuestra era.” Doctor Crisanto Gregorio León

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor universitario