El Constitucional aceptará estudiar la amnistía a Puigdemont pero rechazará levantar la orden de detención

El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ya ha advertido de que no habrá una resolución antes de fin de año

El Tribunal Constitucional afrontará una semana clave al admitir a trámite los recursos de amparo de Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. El alto tribunal analizará la decisión del Supremo de excluir el delito de malversación de la aplicación de la ley de amnistía, aunque no se prevé que se levanten las órdenes de detención contra los líderes independentistas. Paralelamente, el Constitucional estudiará también los recursos planteados por la Sala de lo Penal del Supremo y las Cortes de Aragón sobre la constitucionalidad de la ley.

El núcleo del debate jurídico gira en torno a la interpretación de la ley de amnistía, que solo permite amnistiar los delitos de malversación cuando no exista un “propósito de enriquecimiento”. En julio de 2024, el Supremo determinó que Puigdemont y los demás implicados sí se beneficiaron patrimonialmente, al destinar dinero público al referéndum del 1 de octubre de 2017. Según el auto, los acusados usaron fondos ajenos “para sus propios objetivos personales, políticos o sectarios”.

La defensa de Puigdemont sostiene lo contrario. En su recurso, su abogado, Gonzalo Boye, acusa al Supremo de realizar una “lectura extensiva” que atribuye un ánimo de enriquecimiento inexistente, lo que, según afirma, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. El Constitucional deberá decidir si anula la decisión del Supremo y reconoce la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación. Sin embargo, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ya ha advertido de que no habrá una resolución antes de fin de año.

Derecho comunitario

Mientras tanto, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se analiza la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario. Diversos tribunales españoles han remitido cuestiones prejudiciales al TJUE para aclarar si la norma se ajusta a los principios europeos. En su informe, la Comisión Europea calificó la ley como una “autoamnistía”, aunque consideró que no perjudica los intereses financieros de la Unión.

El TJUE celebró una vista el pasado 15 de julio en la que escuchó a todas las partes implicadas —incluidas la Abogacía del Estado, la Fiscalía y asociaciones civiles catalanas—. El abogado general de la Unión Europea presentará sus conclusiones en noviembre, las cuales servirán de referencia para la decisión final del tribunal, que podría influir directamente en el futuro judicial de Puigdemont y en la aplicación definitiva de la amnistía.