El abogado del TJUE desactiva la amenaza de Marchena

El retorno de Puigdemont a final del primer trimestre de 2026 replantea a corto plazo las relaciones políticas Junts-Gobierno, con una reunión entre el expresident y Pedro Sánchez en La Moncloa

Si, como se prevé el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dicta sentencia a finales de enero o febrero próximos, en el sentido del dictamen del abogado Dean Spielmann, el Tribunal Constitucional español (TC ) entrará en el fondo de los recursos de amparo de Carles Puigdemont y los demás recurrentes y aplicará la ley de amnistía a los delitos de malversación y terrorismo hacia mediados de febrero, primeros de marzo de 2026. Puigdemont podrá regresar sin riego de ser detenido, lo que abrirá una nueva fase de las relaciones de Junts y el Gobierno, con una invitación de Sánchez para que Puigdemont le visite en el Palacio de la Moncloa.

Porque Spielmann ha hecho honor a su nombre –en alemán ‘spiel’ significa juego y mann hombre– habida cuenta de que se la ha jugado a Manuel Marchena, ponente del auto del 1 de julio de 2024, y al auto del mismo día del instructor del procés, Pablo Llarena, que denegaban la amnistía a Puigdemont y a los otros dirigentes independentistas por el delito de malversación.

El abogado considera que la ley de amnistía se puede aplicar a los temas de responsabilidad contable planteados en una de las cuestiones prejudiciales (Tribunal de Cuentas) y a los del terrorismo de una célula de CDR (Audiencia Nacional).

Pero las consecuencias, de plasmarse su informe en la sentencia, van más allá.

Porque en la estrategia de Marchena contra la aplicación de la ley de amnistía se erigieron tres murallas. La primera era el rechazo directo a la aplicación de la ley a la malversación; la segunda, la elevación de la cuestión de inconstitucionalidad al TC y la tercera, si el TC decidía aplicar la amnistía, elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre vulneración de la unidad financiera de la Unión Europea por la declaración de la independencia: «Esa desconexión existió, aunque durara sólo unos pocos segundos».

Esta tercera muralla será, pues, derribada, según el dictamen del abogado Spielmann, porque “no existe un vínculo directo entre esos actos [declaración de independencia] y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión».

“Si la opinión del abogado general se ratifica en la sentencia, la Sala Penal del Supremo ya no podrá demorar más la amnistía con el planteo de una cuestión prejudicial porque la malversación afectaría los intereses europeos como amenazó, Tendrá que aceptar que es un acto aclarado y acatar la decisión sobre los recursos de amparo que resuelva el TC, sin más subterfugios”, señala un magistrado consultado.

Por tanto, el TC, que quiere tener la última palabra, esperará a que salga la sentencia del TJUE y resolverá entonces los recursos de amparo. Solo tendrá que debatir sobre la construcción de la teoría de la malversación como enriquecimiento personal de los dirigentes independentistas.

“El dinero de todos sirvió para no minorar el dinero de unos pocos. En definitiva, obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial”, señaló el auto del 1 de julio de 2024 de la Sala Penal del Supremo.

El TC cuenta con el voto particular de Ana Ferrer, quien calificó la construcción como una “ficción jurídica, una entelequia”, y señaló que de ese modo sus colegas se colocaban por encima de la ley.

Autoamnistía, no

Asimismo, por el camino, el dictamen se lleva por delante la denuncia de la amnistía como “autoamnistía” que los representantes del pensamiento pepero en la Comisión Europea plantearon con vehemencia en las alegaciones presentadas ante el TJUE el pasado verano. La idea de la “autoamnistía” se inspira en el informe sobre los indultos elaborado por Manuel Marchena el 26 de mayo de 2021.

Allí se señala que el artículo 102 de la Constitución quiere impedir “el autoindulto”. Y añade que el indulto del gobierno de Sánchez debía valorarse “desde la singular perspectiva que ofrece el presente caso en el que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”, dice en aalusión a ERC.

Spielmann ataca esta idea: “La ley no es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y una votación democrática en las Cortes Generales…y su aplicación no se sustrae al control judicial.

Puigdemont-Sánchez: Moncloa

El TC tiene previsto tramitad los recursos de amparo ya admitidos a trámite contra la denegación de aplicar la ley al delito de malversación. El último de ellos es el de Carles Puigdemont.

Por tanto, si el TJUE dicta sentencia a finales de enero o febrero, el TC procederá a debatir los recursos y con la mayoría progresista dejará fuera de combate la posición de la Sala Segunda sobre la malversación. Ya que quedará aclarada la cuestión prejudicial con la que amenazaba el Supremo, Puigdemont y los demás dirigentes podrán regresar a España.