La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad por la filtración de información sensible del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre ellos Margarita Robles y José Manuel Albares. También se vieron afectados miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las detenciones se produjeron en Cataluña y Albacete el pasado 26 de septiembre, apenas cuatro días después de que la Audiencia Nacional abriera la investigación bajo secreto. Desde entonces, los agentes han revisado una gran cantidad de material informático intervenido durante las diligencias. La investigación se centró en localizar al responsable o responsables detrás del alias ‘N4TOX’, quien difundió los datos a través de la red social Telegram y reivindicó la acción públicamente.
No es la primera vez que se producen filtraciones de este tipo. En julio, dos jóvenes de menos de 20 años fueron arrestados en Las Palmas por divulgar información personal de Sánchez, ministros y profesionales de medios de comunicación. En aquel caso, la Audiencia Nacional también mantuvo la investigación bajo secreto por tratarse de datos de altos cargos del Estado. Entre la información difundida figuraban DNI, fechas de nacimiento y direcciones de residencia. Sin embargo, no se hizo público el teléfono móvil de Sánchez, aunque sí el de otras personalidades, según Europa Press.
Los expertos de la Comisaría General de Información y del CNI han destacado la gravedad de este tipo de filtraciones. Los datos personales no solo afectan a la privacidad de los implicados, sino que también representan un riesgo de seguridad nacional. La difusión de información por canales como Telegram o la ‘dark web’ facilita que terceros puedan utilizar los datos con fines delictivos.
El caso de ‘N4TOX’ pone de relieve la dificultad de rastrear a menores en internet, especialmente cuando usan alias y plataformas de comunicación cifradas. La Policía insiste en que las investigaciones buscan prevenir riesgos y proteger la información de altos cargos, al mismo tiempo que se aplican las medidas legales correspondientes a los menores implicados.
Las autoridades no han dado detalles sobre posibles condenas, pero sí han confirmado que los jóvenes están bajo custodia y que se seguirá investigando el alcance total de la filtración. Mientras tanto, el Gobierno mantiene un refuerzo en sus protocolos de seguridad informática, conscientes de que la protección de datos personales es cada vez más crítica en la era digital.