Cuarenta y uno

SILVANO ESPÍNDOLA

Existe una célebre frase, usualmente atribuida al político estadounidense Nicholas Murray Butler, que dice así: “Hay tres grupos de personas: las que hacen que sucedan las cosas, las que ven cómo suceden las cosas y las que no saben lo que les ha sucedido”.

Confieso no saber si él fue el autor original de dicha frase, porque yo la conocí a través del libro Otro mundo es posible si…, de la filósofa Susan George. Igual que ella, considero que, si bien tanto el segundo como el tercer tipo son alarmantes, quien está informado adquiere el compromiso automático de, al menos, intentar advertir a los del último grupo de lo que se sabe.

Pues bien, basado en lo anterior, me permito hacer la siguiente relatoría: el sábado pasado, el Senado de México aprobó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, en caso de obtener la aprobación final en la Cámara de Diputados, por un lado, faculta a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para suspender transmisiones de radio o televisión que se considere que infringen los derechos de las audiencias y, por otro, obliga a todos los proveedores de telefonía móvil a asociar sus líneas activas con los datos personales de sus clientes, a guardar los llamados “metadatos” —el registro de nuestras llamadas, mensajes, duración, origen, destino y geolocalización continua— hasta por dos años y a entregarlos a las autoridades —Ejército, policía y fiscalías— si se los solicitan.

También se aprobó la Ley en Materia de Desaparición Forzada, que contempla la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI), la cual tiene como finalidad monitorear ininterrumpidamente los trámites que realicemos usando nuestra CURP biométrica para que las autoridades sepan para qué la estamos ocupando en tiempo real. De igual manera, se aprobó la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, cuya aportación a la PUI será integrar los datos de la CURP biométrica —fotografía, huellas dactilares, nombre, fecha, lugar de nacimiento, sexo y nacionalidad—, indispensables para acceder a servicios médicos, legales, educativos y financieros en la aplicación Llave MX, electrónicamente, para que sirva como sistema único de identificación exigible para todo trámite en línea que ofrezca el gobierno.

Mientras escribo esto, también se encuentran en el Senado para su discusión, y previsible aprobación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que, entre otras cosas, estarían facultando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para conectar a la PUI con una Plataforma Central de Inteligencia (PCI). Esta última estaría en posesión del Centro Nacional de Inteligencia y su función será interconectar todas las bases de datos en posesión del Estado, pero también las de particulares —como podrían ser los hospitales o los mismos operadores de telefonía—, nacionales e internacionales.

De la PCI destaca que los ciudadanos nunca podríamos solicitar información sobre quién ha accedido a nuestros datos, porque toda la información relacionada con esta plataforma será considerada de carácter reservado. Por último, también se está discutiendo la nueva Ley de la Guardia Nacional, que, hasta este momento, autoriza a los militares de la GN a realizar operaciones encubiertas y como usuarios simulados, así como a intervenir comunicaciones privadas y, como seguramente ya había adivinado, les da acceso irrestricto a las PUI y PCI. Es como si George Orwell sólo hubiera errado por 41 años.

*Por su interés, reproducimos este artículo que firma Silvano Espíndola para Excelsior.