Ayuso recurre ante el Tribunal Supremo el decreto que crea nuevas universidades por exceso de competencias

El recurso se basa en el artículo 27 de la Constitución, que otorga a las comunidades autonomía para desarrollar y aplicar las leyes educativas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Lo hizo contra el real decreto del Ejecutivo central que regula la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios. Según fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, la norma es “arbitraria” y vulnera las competencias autonómicas.

El Ejecutivo madrileño critica que la norma limita injustificadamente la libertad de empresa y la posibilidad de crear centros educativos. En su opinión, esto contraviene derechos fundamentales y reduce la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus propias políticas educativas. Además, señalan que la norma se ha aprobado sin negociación ni consenso, lo que afecta a la seguridad jurídica.

El recurso se basa en el artículo 27 de la Constitución, que otorga a las comunidades autonomía para desarrollar y aplicar las leyes educativas. El Estado, subrayan desde Madrid, debe limitarse a establecer la normativa básica. Sin embargo, el real decreto, aseguran, excede ese marco y deja escaso margen de maniobra a las regiones. Uno de los puntos más polémicos es la exigencia de que los nuevos centros cuenten con un mínimo de 4.500 estudiantes, un criterio que la Comunidad considera arbitrario y desconectado del objetivo de mejorar la calidad universitaria, según apunta Europa Press.

Transparencia y regulación regional

La Consejería insiste en que la tramitación del real decreto se ha realizado con opacidad. No hubo consulta pública previa ni participación de las comunidades autónomas, denuncian. Por el contrario, la Comunidad de Madrid afirma que sus procedimientos internos para crear nuevas universidades son rigurosos y buscan garantizar la excelencia de los proyectos educativos.

Además, destacan que la región está trabajando en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Esta normativa incorporará mejoras en los trámites, siempre respetando las competencias autonómicas. Según la Consejería que dirige Emilio Viciana, el objetivo es reforzar la calidad y eficiencia del sistema universitario madrileño sin depender de criterios centralizados que consideran injustificados.

El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir un informe este miércoles sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional. La medida refleja el pulso entre Comunidad y Estado sobre hasta dónde puede llegar la regulación central en materia universitaria. El conflicto abre un debate sobre autonomía, seguridad jurídica y libertad de gestión educativa en España, y apunta a que la disputa podría prolongarse durante meses.