La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que presenten pruebas de sus acusaciones contra jueces o rectifiquen. Consideran que estas manifestaciones suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza ciudadana en la Justicia.
Las asociaciones reaccionaron a las palabras de Sánchez en una entrevista en RTVE, el pasado 1 de septiembre, en la que aseguró que «hay jueces haciendo política» y pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que estudiara si estas causas «tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos».
A esas declaraciones se sumaron las de Bolaños en una entrevista en El País, publicada el 7 de septiembre. En ella afirmó que las palabras del presidente eran la constatación de «una realidad incontestable» y reclamó al CGPJ «dar un toque serio» a determinadas instrucciones judiciales.
Señalaron AJFV y FJI en un comunicado conjunto:
«Más allá del derecho a la libertad de expresión y de la legitimidad que en democracia ha de tener la posibilidad de criticar el contenido de resoluciones judiciales, estas declaraciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces y magistrados»
Las asociaciones lamentaron que Sánchez y Bolaños no se limitaran a mostrar discrepancia «con algunos autos y sentencias», sino que sostuvieran que en España hay jueces y magistrados que «dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político».
Añadieron:
«Sencillamente, están afirmando que algunos miembros del poder judicial incurren en prevaricación, que es el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función»
Equipararon estas acusaciones a lo que ocurriría si una asociación judicial «dijese alegremente» que hay «unos pocos ministros» o «unos pocos diputados o senadores» que son «corruptos».
Las asociaciones recalcaron que «la gravedad de estas afirmaciones es enorme», y que subrayar que los casos son «muy minoritarios no resta trascendencia a lo dicho». El mensaje que recibe el ciudadano, advirtieron, es que «si un juez actúa así, cualquiera puede hacerlo». Denunciaron:
«En una democracia avanzada, no es de recibo que un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia trasladen a la ciudadanía acusaciones tan graves sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, y que ello no tenga consecuencia alguna»
Por ello, subrayaron que si el Ejecutivo tiene pruebas de que existen jueces que dictan resoluciones con interés político, debe «identificar tales hechos y presentar las denuncias o querellas correspondientes». Recordaron además que los jueces son «los primeros interesados en que se persiga a los jueces que cometen delitos».
En caso contrario, reclamaron que tanto Sánchez como Bolaños «rectifiquen y se desdigan de las manifestaciones vertidas», ya que «el recto ejercicio de sus cargos no es compatible» con expresiones que «cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas» y «menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia».