Asfixian la libertad religiosa las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela

25 de noviembre de 2025
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Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba; Daniel Ortega, dictador de Nicaragua y Nicolás Maduro, dictador de Venezuela / AFP

Son habituales las amenazas de prisión y las advertencias escritas dirigidas a quienes mantienen su afiliación religiosa al margen del control estatal

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), una entidad federal independiente y bipartidista, ha señalado a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela como los principales violadores de la libertad de culto en el hemisferio. En su informe más reciente, titulado Patrones de represión religiosa en la tríada autoritaria de América Latina, el organismo describe cómo estas tres dictaduras han sincronizado sus estrategias para perseguir a la disidencia religiosa.

Según recoge el Diario Las Américas, el documento advierte que no se trata de episodios aislados, sino de una metodología compartida que incluye acoso sistemático, obstrucción judicial, marginación de grupos no afines y encarcelamiento de fieles.

Obsesión del régimen cubano con el control

Asimismo, la situación en Cuba ocupa un lugar central. El informe subraya que el régimen ha intensificado el hostigamiento contra grupos cristianos independientes y practicantes de la santería. Los líderes religiosos reciben “reiteradas citaciones” para presentarse en comisarías y dependencias de la Seguridad del Estado. Son habituales las amenazas de prisión y las advertencias escritas dirigidas a quienes mantienen su afiliación religiosa al margen del control estatal.

Además, el texto menciona un caso ocurrido en julio de 2025, cuando citó la policía a un babalao y amenazado con el arresto de todos los participantes si continuaba realizando ceremonias en su domicilio. Señala la Comisión:

«En Cuba, los funcionarios de Seguridad del Estado visitan con frecuencia iglesias católicas y protestantes y vigilan los hogares para intimidar a los feligreses y a los líderes»

También se denuncia la persecución contra las Damas de Blanco, detenidas de manera habitual para impedirles asistir a misa los domingos.

Criminalización de la fe

Alerta la USCIRF de que el marco legal de estos países otorga al Estado un poder desmedido sobre la sociedad civil. En Cuba, la falta de registro oficial convierte la práctica religiosa en un delito. La Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) del Comité Central del Partido Comunista actúa como brazo ejecutor y deniega o ignora solicitudes de registro. Y deja a los grupos no reconocidos expuestos a un acoso constante. El régimen recurre además a la asfixia económica. Recibir financiación extranjera o apoyar actividades consideradas “contra el Estado” puede implicar penas de hasta diez años de prisión.

El informe también destaca la existencia de presos políticos religiosos. Entre los casos citados se encuentran los líderes de la Asociación de Yorubas Libres, Loreto Hernández García y su mujer, Donaida Pérez Paseiro; ambos detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Aunque liberaron a Pérez Paseiro brevemente en enero de 2025 tras una mediación del Vaticano, el régimen volvió a encarcelarla en junio del mismo año. Lo que evidenció la fragilidad de cualquier acuerdo con La Habana.

Sanciones

Frente a este panorama, la USCIRF recomendó en su Informe Anual de 2025 que Cuba y Nicaragua sean designadas como Países de Especial Preocupación (PEP), una categoría que se encarga de los peores infractores de la libertad religiosa a nivel global. El Departamento de Estado mantiene esta clasificación para ambos desde 2022. Venezuela no figura actualmente en la lista, pero la Comisión advierte que el régimen de Nicolás Maduro replica con exactitud los modelos represivos de sus aliados en La Habana y Managua.

Sin embargo, el organismo insta al gobierno de Estados Unidos a ir más allá de las declaraciones y aplicar sanciones específicas contra los funcionarios responsables de estas violaciones de derechos humanos. Todo ello con el objetivo de cerrar el margen de impunidad con el que opera esta “tríada autoritaria”.

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