Accem alerta de que las redes sociales facilitan a tratantes de personas el acceso a menores y población vulnerable

La ONG considera que es «imprescindible» establecer marcos legales que reconozcan a las nuevas tecnologías e internet como instrumentos a través de los que se puede cometer trata de seres humanos

Las redes sociales facilitan a tratantes de personas el acceso a menores de edad y población vulnerable, según señala la ONG Accem en su informe El impacto de las nuevas tecnologías en la trata de seres humanos, realizado durante todo este año.

Asimismo, destaca el crecimiento «sin precedentes» de plataformas, aplicaciones, redes sociales y otras herramientas digitales que, a su juicio, «han contribuido no solo a apuntalar y desarrollar el actual modelo socioeconómico, sino que también los grupos criminales han sabido buscar el máximo partido a estas herramientas digitales respecto a la captación y explotación de víctimas de trata de seres humanos».

Además, recalca que la trata de personas reporta anualmente «ingentes beneficios económicos» y añade que, con el uso de estas tecnologías, quienes forman parte de este negocio han encontrado «una nueva vía para mejorar la rentabilidad de este delito contra los derechos humanos».

Igualmente, expone que las distintas plataformas también han ampliado el alcance para el acceso a grupos de población especialmente vulnerable como niños y adolescentes, debido a la seguridad que otorga el anonimato en los entornos digitales.

Por ello, Accem considera que es «imprescindible» establecer marcos legales comunes que reconozcan a las nuevas tecnologías e internet como nuevos instrumentos a través de los cuales pueden cometerse la comisión del delito de trata de seres humanos.

En este sentido, la organización apunta que es «esencial» caminar «hacia una regulación pública y vinculante de las empresas tecnológicas que garantice el respeto a derechos fundamentales». Además, en el documento agrega que «urge promover obligaciones para estas empresas para que contribuyan a mejorar los mecanismos de prevención» con los que «identificar posibles riesgos derivados de un mal uso de sus plataformas y definir medidas que mitiguen y restablezcan el daño».

Finalmente, subraya la necesidad de «fortalecer» la cooperación entre los Estados, el sector privado y la sociedad civil en materia de persecución e investigación de este delito y recomienda «repensar» el uso global de estas tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación para fomentar la construcción de entornos seguros en el ámbito