La tensión en el seno de la Guardia Civil ha aumentado de forma notable después de que varias asociaciones profesionales reclamaran la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general del cuerpo, Mercedes González. La petición llega tras la imputación de esta última y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, en el conocido como caso Leire, una situación que los representantes de los agentes consideran incompatible con la continuidad al frente de la institución.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria dentro del cuerpo, sostiene que la situación ha alcanzado un punto «insostenible» y considera que la permanencia de los responsables perjudica la imagen de la Guardia Civil. La organización recuerda que la investigación cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, un hecho que, a su juicio, refuerza la gravedad de los indicios que se investigan.
A estas demandas también se han sumado otras asociaciones profesionales, como JUCIL, que además de reclamar la salida de Mercedes González consideran que Marlaska debe asumir responsabilidades políticas por mantener su confianza en la actual dirección del instituto armado. Los colectivos defienden que quienes dirigen la Guardia Civil deben ofrecer un ejemplo de ejemplaridad y no permanecer en sus cargos mientras son investigados por la Justicia.
Pese a las peticiones de dimisión, el Ministerio del Interior mantiene su respaldo a la directora general y al DAO. Mientras tanto, ambos deberán comparecer como investigados ante la Audiencia Nacional, en una causa que continúa avanzando y que ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y las asociaciones representativas de la Guardia Civil.