El PSOE reprocha al PP su «perfil radical» en la ley de nietos

El ministro de Economía critica las declaraciones del PP sobre la ley y advierte de que se está coaccionando a los empleados públicos que gestionan las solicitudes

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha cargado contra el Partido Popular por sus críticas a la conocida como ley de nietos, asegurando que algunos de sus mensajes suponen una presión inaceptable sobre los empleados públicos encargados de tramitar los expedientes de nacionalidad.

Durante un acto celebrado en el ICEX, Cuerpo afirmó que ha escuchado declaraciones que, a su juicio, buscan «amedrentar» y «coaccionar» a los funcionarios que gestionan estas solicitudes, una actitud que considera impropia de un partido con aspiración de gobierno.

«Se están traspasando demasiadas líneas y deberían reflexionar», sostuvo el ministro, que reclamó al principal partido de la oposición que abandone este tipo de discursos.

El responsable de Economía defendió la medida, incluida en la Ley de Memoria Democrática, al recordar que responde a una «deuda histórica» con los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España tras la Guerra Civil y durante la dictadura franquista.

Según explicó, cuestionar este derecho perjudica directamente a miles de personas que buscan recuperar la nacionalidad española y, además, contribuye a deteriorar la confianza en las instituciones democráticas.

En este sentido, advirtió de que el rechazo a la aplicación de esta norma no solo afecta a los beneficiarios potenciales, sino que también alimenta un discurso que pone en duda la legitimidad del sistema democrático.

Preguntado por las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que el miércoles pidió una mayoría nacional para desalojar del poder al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo evitó responder directamente.

El vicepresidente prefirió centrar su intervención en la polémica sobre la ley de nietos e insistió en pedir al PP «prudencia» para no convertir un asunto de reparación histórica en un elemento de confrontación política.

Asimismo, reiteró que la oposición debería evitar utilizar este debate con fines electoralistas y respetar el trabajo de los funcionarios encargados de aplicar una norma aprobada por el Parlamento.