La crisis del sistema de dependencia en España se agudiza este año, con un incremento de más de 7.000 solicitantes en las listas de espera. Actualmente, 265.503 personas aguardan ser valoradas o recibir prestaciones ya reconocidas. La situación es crítica: en los primeros cinco meses de 2026, 13.503 personas han fallecido esperando una respuesta, lo que equivale a una muerte cada 16 minutos de media.
La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el sistema sufre una ralentización provocada por la falta de financiación extra, tras la supresión del Plan de Choque que estuvo vigente entre 2021 y 2023. Esta carencia presupuestaria, sumada a una gestión ineficaz, ha consolidado un modelo asistencial de bajo coste caracterizado por largas esperas, cuantías insuficientes y una preocupante falta de equidad territorial.
Los expertos señalan que, tras dos décadas de vigencia de la Ley de Dependencia, el derecho sigue siendo «pendiente» y sin desarrollar todo su potencial. La entidad critica duramente la gestión del Ministerio de Derechos Sociales, calificando de «triunfalista» su discurso oficial mientras se ocultan datos clave y se mantienen procesos burocráticos que impiden que las personas reciban la atención necesaria antes de que sea demasiado tarde.
Para revertir esta tendencia, la asociación exige mayor transparencia y un compromiso real del Estado para agilizar las valoraciones y la concesión de servicios. En sus veinte años de existencia, casi un millón de personas han muerto en estas listas, una cifra que evidencia la urgencia de una reforma estructural que priorice la atención humana sobre la burocracia administrativa y garantice recursos suficientes para los ciudadanos más vulnerables.