El PP pide a la Comisión Europea que investigue los contratos adjudicados a Huawei gracias a Zapatero

Dolors Montserrat (PPE) busca aclarar si estas adjudicaciones en infraestructuras críticas españolas vulneran las recomendaciones de seguridad de la UE frente a proveedores de alto riesgo

La vicepresidenta del Grupo del PPE, Dolors Montserrat, ha elevado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea tras conocerse un nuevo contrato de Adif con Huawei por cerca de 400.000 euros.

Esta adjudicación, destinada a redes de datos ferroviarias, ha generado alarma en el PP, dado que el expediente habría sido citado en investigaciones de la UDEF relacionadas con presuntas tramas de corrupción y tráfico de influencias que salpican al entorno del ministro Óscar Puente y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El Partido Popular denuncia que este contrato fue licitado en fechas navideñas y tramitado de forma «acelerada», lo que aumenta las sospechas sobre su transparencia. Montserrat ha querido recordar en su iniciativa que las instituciones europeas han lanzado advertencias reiteradas sobre el peligro de mantener dependencias estratégicas con China en sectores altamente sensibles, instando a los Estados miembros a mitigar los riesgos de ciberseguridad asociados a proveedores considerados de alto riesgo.

En su petición de información, la eurodiputada solicita a la Comisión que aclare si ha requerido explicaciones al Gobierno de España sobre sus contratos con Huawei en áreas críticas de transporte y telecomunicaciones.

Asimismo, cuestiona si resulta compatible con los objetivos de seguridad económica de la Unión que entidades públicas sigan confiando infraestructuras estratégicas a empresas bajo vigilancia internacional por posibles vulnerabilidades.

Protección industrial y tecnológica

La preocupación del PP se enmarca en un contexto más amplio de debate europeo sobre la protección industrial y tecnológica frente a la influencia china.

Montserrat considera «especialmente preocupante» que España mantenga este rumbo, ignorando las recomendaciones de socios occidentales y las directrices de ciberseguridad vigentes, subrayando que la protección de la red ferroviaria es un asunto de seguridad nacional y europea.

Finalmente, el PP ha recordado que la Comisión Europea mantiene abierta la posibilidad de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el retraso en la transposición de la directiva destinada a reforzar la protección frente a ciberataques.

Con esta iniciativa, el grupo popular exige «máxima transparencia» al Ejecutivo español, exigiendo que se garantice el cumplimiento estricto de las normativas europeas en la gestión de infraestructuras críticas.