El Acuerdo sobre Gibraltar, a falta de la firma para su entrada en vigor provisional en un mes

Tras años de complejas negociaciones post-Brexit, la UE y Reino Unido se preparan para suprimir los controles fronterizos físicos y trasladar la vigilancia al aeropuerto del Peñón

El próximo 15 de julio marcará un hito histórico en la relación entre Gibraltar, la Unión Europea y España con la entrada en vigor provisional del nuevo acuerdo bilateral. Este paso, largamente esperado desde la victoria del Brexit, permitirá que la icónica Verja sea finalmente derribada, un símbolo que dará paso a un modelo de flujo fronterizo distinto.

La medida se implementará una vez que se complete la firma formal entre Bruselas y Londres, un acto cuya fecha y nivel de representación aún están por definirse.

La hoja de ruta para este cambio implica una transformación operativa significativa. Los controles que tradicionalmente se realizaban en la Verja se trasladarán al aeropuerto de Gibraltar, donde efectivos de la Policía Nacional española se encargarán de realizar el control Schengen a los viajeros que lleguen al Peñón.

Ambas administraciones han trabajado intensamente en los últimos meses para coordinar esta logística, incluyendo reuniones de alto nivel entre el ministro español José Manuel Albares y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo.

Fase de revisión

El proceso legal que sostiene este acuerdo es exhaustivo, habiéndose consolidado tras la firma del acuerdo político hace un año y la posterior redacción de un documento de más de 1.000 páginas. Actualmente, el texto se encuentra en fase de revisión técnica para su adopción formal por el Consejo Europeo.

Mientras tanto, tanto el Gobierno de España como el de Gibraltar han expresado su voluntad de celebrar este hito, aunque el formato y la fecha exacta de una posible conmemoración oficial permanecen aún bajo reserva.

En paralelo, el tratado deberá superar su proceso de ratificación definitiva en las cámaras legislativas de ambas partes. Por el lado europeo, el procedimiento requiere el visto bueno del Consejo y del Parlamento Europeo, sin necesidad de pasar por los parlamentos nacionales.

En cuanto a Reino Unido, el texto deberá ser presentado ante la Cámara de los Comunes, donde, gracias a la amplia mayoría laborista y al hecho de que gran parte de la negociación fue impulsada por el anterior ejecutivo conservador, se espera que el trámite sea fluido y sin sobresaltos.

Aunque el marco legal permite un periodo de revisión parlamentaria de 21 días de sesión, los analistas prevén que el tratado superará el filtro sin mayores inconvenientes.

La Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza británica contempla mecanismos en caso de oposición, pero la alineación política actual sugiere un camino despejado para la ratificación. Con este paso, se cerrará un ciclo de incertidumbre iniciado con el referéndum británico, normalizando finalmente la convivencia diaria y el tránsito en la frontera de Gibraltar.