El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido con firmeza a los reproches realizados por varios miembros del Gobierno contra los magistrados que instruyen causas penales vinculadas al entorno socialista. El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional para mostrar su profunda preocupación ante las declaraciones de altos cargos del Estado. En el texto se avisa de que este tipo de mensajes debilitan el sistema constitucional y «erosionan la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho».
En su pronunciamiento oficial, el CGPJ ha recordado que el respeto a la independencia judicial es un pilar esencial del sistema democrático. El texto advierte de que «atribuir a los jueces motivaciones ajenas al ejercicio de la función jurisdiccional» o dudar de su sumisión a la ley solo sirve para quebrar la credibilidad institucional. Esta reacción llega tras una semana de hostilidad en la que desde el PSOE y Moncloa se ha denunciado una supuesta alianza de la oposición, medios y judicatura, vinculándola al concepto de «‘lawfare’ o utilización instrumental de la Justicia con fines políticos».
La tensión política aumentó drásticamente tras el registro de la UCO en la sede socialista de Ferraz, ordenado en una causa penal en la que el juez Santiago Pedraz investiga una red para desestabilizar procesos judiciales. A raíz de esto, la ofensiva verbal del Ejecutivo se recrudeció ostensiblemente. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a acusar de actuar con «impunidad» al instructor del caso de Begoña Gómez, criticando que ciertas resoluciones dejan a la Justicia «a la altura del betún». Por su parte, el ministro Óscar López ironizó diciendo que «había visto ‘sumarios de premio Planeta'» que se filtraban de forma interesada.
Ante este escenario, la cúpula judicial ha considerado necesario plantar cara a las descalificaciones del Gobierno. No es un movimiento inédito, ya que el pasado mes de septiembre, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, María Isabel Perelló, aprovechó la apertura del año judicial para lanzar una firme proclama en favor de la separación de poderes. En aquella ocasión, diversas fuentes del sector jurídico aplaudieron su intervención y valoraron que la presidenta del tribunal «había estado ‘a la altura de las circunstancias'».
Aquel primer aviso de Perelló se produjo después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara en una entrevista televisiva que «existían ‘jueces haciendo política'». Meses después de aquel choque, y con un clima de confrontación institucional todavía más agravado por las investigaciones al entorno socialista, el sector judicial se ha visto obligado a unirse de forma unánime para exigir respeto y frenar los riesgos que implica sembrar dudas en público sobre el proceder de los jueces.