La Sagú

«Cuando mandaba la barragana»

«La justicia es la reina de las virtudes cardinales y con ella los hombres insignes gobiernan el mundo. Cuando el poder se ejerce a través del capricho y el ultraje, las instituciones perecen bajo el peso de su propia degradación moral». — Francisco de Quevedo

En los catálogos especializados de la botánica prehistórica, La Sagú (Cycas revoluta) ocupa un lugar sombrío. No es lo que aparenta. Quienes la adquieren para exhibirla en espacios de prestigio ignoran que introducen en su entorno un elemento de perversión biológica. Su toxicidad no es pasiva: sus hojas rígidas terminan en agudas espinas y su savia aloja un veneno fulminante capaz de colapsar un organismo desde su interior. En el ecosistema de la educación superior, la historia reciente demuestra que una institución cobijó en su seno a su propia versión de este espécimen: una figura que infectó la estructura con un esquema de deshonestidad moral absoluta, donde el poder no se construyó con academia, sino en las alcobas del beneficio discrecional.

Para que una especie tan nociva parasite un templo de fe pública, necesita un anclaje en el suelo más alto de la organización. Las raíces de este elemento se nutrieron directamente desde el Despacho de la Presidencia del Consejo Superior, la máxima instancia propietaria de la casa de estudios. Fue a través de este vínculo de intimidad y amoríos con el presidente y dueño del huerto que el espécimen obtuvo un cheque en blanco para operar. En los pasillos y oficinas, la jerga interna y el rumor popular terminaron por despojar al cargo de su dignidad, rebautizándolo bajo el crudo calificativo de la sex-secretaria: una presencia cuyo peso no respondía a la meritocracia, sino a la sumisión de alcoba y al cumplimiento ciego de los intereses de su consorte y superior. El personal y los docentes a menudo se preguntaban por qué ella exhibía un mando tiránico que pasaba por encima de las propias autoridades rectorales. La respuesta era simple: era la mujer del dueño.

Amparada en esa impunidad, se sentía una versión moderna y delirante de Doña Bárbara, una cacica institucional que vociferaba, gritaba y hacía del trastorno explosivo intermitente su método habitual de agresión verbal contra cualquiera que osara recordar el derecho vigente. Su conducta, impregnada de rasgos narcisistas y psicópatas, la llevaba a tratar a patadas y demoler psicológicamente a los directivos y miembros del cuerpo rectoral que, aun ostentando altos cargos académicos, no poseían la condición de propietarios del recinto. El exceso de autoridad delegada le hizo perder el sentido de las proporciones: la infame funcionaria se creía la dueña absoluta del patrimonio humano y financiero de la organización, insultando a placer a quienes sí tenían la preparación científica de la que ella carecía.

Cuando mandaba la barragana

La maldad administrativa de este espécimen se tradujo en un manual de hostigamiento sistemático en contra del cuerpo profesoral. Creyéndose la terrateniente del campus por tiranía de barragana, diseñó celadas y emboscadas institucionales para perjudicar y purgar a los docentes más calificados e independientes. La explotación laboral adoptó formas inhumanas: la asignación arbitraria de horarios fragmentados e imposibles, calculados fríamente para forzar la renuncia de los educadores por asfixia física y económica. Bajo este régimen de terror administrativo, se desconocieron de manera sistemática la antigüedad, la titularidad y los derechos de los profesores, todo bajo la orden implícita de una gerencia ruin que buscaba abaratar los costos del huerto financiero.

Sin embargo, el verdadero veneno de La Sagú no estaba solo en sus gritos o en el maltrato laboral, sino en la pudrición de la fe pública. Al tener en sus manos el control total de la Secretaría, convirtió el despacho en un mercado negro: alteración fraudulenta de notas, modificación de calificaciones y la venta abierta de títulos universitarios. El fraude corría libre porque nadie se atrevía a cuestionar a la amante del poder. Pero la soberbia biológica tiene un límite. El día en que sus crisis explosivas la llevaron a incurrir en una agresión verbal indecente en contra de la propia Rectora, el ecosistema no pudo aguantar más. El exceso de impunidad la hizo morder la mano de la misma estructura que la sostenía, provocando su inmediata expulsión y desvinculación definitiva del Tren Rectoral.

Aquí es donde radica la gran paradoja y la quiebra ética de las autoridades sobrevivientes. Si los actuales directivos vivieron en carne propia la calaña, las patadas y la agresión de este personaje de opereta; si ellos mismos constataron su perversión psicopática hasta el punto de considerarla intolerable… ¿Con qué coherencia moral o legal siguen validando hoy las mentiras, actas falsas e infamias que ella inventó para expulsar a los profesores titulares? Es una hipocresía miserable mantener vigentes los despidos ordenados por un testigo corrompido. La universidad privada no puede permitirse el lujo de la mezquindad económica, despachando a sus mentes más brillantes con liquidaciones de miseria y prestaciones sociales risibles que dan pena ajena.

Por estrictas razones de decencia, el Consejo Universitario y la Rectoría deben activar una auditoría forense exhaustiva de cada documento, resolución y título avalado por esa nefasta gestión. Las autoridades no pueden pretender que el tiempo borre el escándalo, ni mucho menos aplicar la cobarde estrategia del ghosting (la ley del hielo y el silencio administrativo) a los profesores legítimos que reclaman con derecho la justicia que les corresponde. Ignorar las misivas y pretender que los afectados no existen es una prolongación de la misma ruindad que sembró la barragana.

Hay una deuda moral inaplazable que exige una justicia restaurativa inmediata. No basta con cubrir tablas salariales básicas; la institución tiene la obligación ineludible de resarcir el profundo daño moral provocado a quienes dedicaron su vida a la enseñanza. Los propietarios de la organización deben mostrarse dadivosos y honrar esos pagos, elevando las indemnizaciones por encima de la miseria impuesta por la antigua administración. Deben revisar los expedientes amañados, devolver los cargos a los docentes despojados y reparar su trayectoria profesional dañada. El dueño de la corporación y su tren directivo deben recordar que el paso por este mundo terrenal es transitorio. Irse de esta vida sin enmendar el daño provocado a hombres y mujeres de bien es, en el plano espiritual, comprarse con total certeza la tiquetería directa al infierno. Dios no puede ser burlado, y el arrepentimiento real se demuestra devolviendo lo robado y sanando el tejido docente que la infamia rasgó. El momento de rectificar es ahora.

«No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien. Porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni secreto que no haya de ser conocido y salir a la luz». — Lucas 12:2

Dr. Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario