La Asociación MIR España ha advertido de que convocará una huelga indefinida a partir del próximo mes de septiembre si las administraciones no ofrecen «avances reales y verificables» en sus condiciones laborales. El colectivo de médicos internos residentes considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante para defender el futuro de la sanidad pública, tras años sosteniendo gran parte de la actividad asistencial en situaciones de extrema dificultad.
Los residentes denuncian que las sucesivas movilizaciones y jornadas de protesta celebradas durante los últimos meses no han recibido una respuesta suficiente por parte de las autoridades. Lamentan la ausencia de medidas concretas y critican la falta de voluntad negociadora para solucionar unos problemas estructurales marcados por jornadas laborales excesivas, la sobrecarga en los hospitales y la pérdida progresiva de calidad en su formación.
Entre las reivindicaciones principales, la asociación exige una limitación efectiva de las guardias, un registro transparente de la jornada de trabajo y la mejora del salario base para acabar con la dependencia económica de las horas extra. Asimismo, reclaman garantizar una supervisión clínica real —especialmente en los servicios de Urgencias—, asegurar el descanso obligatorio tras las guardias y lograr una homogeneización retributiva que elimine las diferencias salariales entre comunidades autónomas.
Ante este escenario, la organización ha mostrado su preocupación por la postura de ciertas entidades que han cuestionado o debilitado las protestas legítimas de los facultativos en formación. Por este motivo, los representantes de los MIR han avisado de que reevaluarán de forma estricta sus relaciones institucionales y romperán sus líneas de colaboración con todas aquellas organizaciones médicas que mantengan posicionamientos contrarios a los intereses del colectivo.
Desde la asociación recuerdan que esta huelga no es un acto simbólico, sino una medida en defensa de la seguridad clínica de los pacientes y de la propia sostenibilidad del sistema sanitario. Los portavoces afean que la sanidad pública haya normalizado un modelo basado en el sobreesfuerzo, donde muchos profesionales se ven obligados a realizar jornadas de entre 80 y 90 horas semanales, una situación de agotamiento que aseguran que no toleraría ninguna empresa privada.