La presión política sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha intensificado notablemente en los últimos días para que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales. Este incremento de la tensión responde a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, que se suma a otras causas judiciales abiertas como el caso mascarillas o las investigaciones que afectan al entorno familiar del propio jefe del Ejecutivo.
Pese al complejo escenario, Pedro Sánchez ha manifestado una «tranquilidad máxima» y ha reiterado de forma tajante su intención de agotar el mandato, asegurando que las elecciones no se celebrarán hasta el año 2027. Desde el entorno de La Moncloa enmarcan el cruce de declaraciones en una estrategia de precampaña electoral de los partidos de cara a los próximos comicios autonómicos y municipales.
Sin embargo, el panorama parlamentario se ha complicado para el Gobierno debido a la postura de algunos de sus socios de investidura habituales. Formaciones como el PNV y Coalición Canaria han expresado públicamente que ven «muy difícil» que la legislatura pueda culminar con éxito, calificando de irresponsable la ausencia de unos presupuestos estables y sugiriendo la convocatoria de elecciones o una cuestión de confianza para este mismo año.
A las críticas de los socios parlamentarios se han sumado voces de peso dentro del propio entorno socialista, como la del expresidente Felipe González y la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Ambos dirigentes han coincidido en señalar la necesidad de devolver la voz a los ciudadanos en las urnas ante el evidente desgaste institucional, si bien González ha querido romper una lanza en favor de la presunción de inocencia de Zapatero.
El debate político también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura instrumental promovida por la oposición con el único objetivo de convocar comicios generales. Un cambio significativo en la aritmética parlamentaria revela que los votos de Junts ya no serían imprescindibles para sacar adelante la iniciativa, siempre y cuando el Partido Popular lograse el difícil consenso de hacer coincidir los votos de Vox y del PNV.