La Audiencia Nacional ha abierto una nueva vía de investigación declarada bajo estricto secreto de sumario que salpica directamente a la cúpula de la Policía Nacional. El magistrado Francisco De Jorge indaga la implicación de un cargo de la escala ejecutiva del cuerpo en una causa derivada directamente del caso de Óscar Sánchez, el exjefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid. Las pesquisas, calificadas de «extraordinaria complejidad y sensibilidad», tratan de esclarecer un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico masivo de estupefacientes.
Esta ramificación judicial secreta se instruye de forma paralela a la causa principal, cuyo procesamiento fue revocado recientemente por la Sala de lo Penal tras un recurso de la Fiscalía Especial Antidroga. El Ministerio Público consideró prematuro el cierre de la instrucción y exigió profundizar en los volcados de los teléfonos móviles incautados, donde no se descartan nuevas imputaciones. La magnitud del procedimiento es histórica para la Fiscalía, ya que mantiene bajo la lupa a 45 personas físicas y más de 30 sociedades mercantiles.
Las dimensiones económicas y logísticas de la organización criminal sitúan el caso como uno de los mayores golpes al narcotráfico en España, con una estimación de más de 73 toneladas de cocaína introducidas en el continente europeo. El dinero obtenido de la droga era presuntamente blanqueado a través de un complejo entramado financiero internacional con ramificaciones en una docena de países, incluidos Suiza, Luxemburgo, Emiratos Árabes o Hong Kong. Los investigadores ya han detectado movimientos de capitales alarmantes, como una sola transferencia a Panamá que ascendió a 50 millones de euros.
El escándalo de corrupción policial estalló originalmente a finales de 2024, cuando la detención de Óscar Sánchez dejó una de las imágenes más impactantes de la crónica negra reciente al hallarse 20 millones de euros en efectivo ocultos en las paredes de su vivienda. Según los indicios acumulados, el capo de la droga Ignacio Torán tenía presuntamente a sueldo al mando policial para obtener chivatazos y garantizar la entrada limpia de contenedores con sustancias estupefacientes a través de los puertos españoles, contando también con la colaboración del narco internacional alias ‘El Tigre’, actualmente prófugo.
Para asegurar la impunidad de la red, el exinspector jefe utilizaba de manera fraudulenta las bases de datos de inteligencia criminal de la Policía Nacional. Bloqueaba las investigaciones de otras unidades sobre las empresas pantalla de la trama simulando que esas firmas ya estaban siendo vigiladas por su propio departamento. Tras corregirse el criterio del juez instructor, la Audiencia Nacional ha unificado todas las líneas de investigación abiertas con el objetivo de emitir un único auto de procesamiento definitivo que evite fisuras legales antes de la apertura del juicio oral.