La Selectividad de este verano estará más vigilada que nunca por medios tecnológicos. La Región de Murcia, Galicia, Cataluña y Aragón han confirmado que aplicarán medidas avanzadas de rastreo de redes y frecuencias durante la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El objetivo principal de este despliegue es impedir que los alumnos copien y vetar de forma tajante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), adaptando la seguridad de los exámenes a las nuevas tecnologías.
En la Región de Murcia, la medida se generalizará en todas las sedes tras el éxito de los proyectos piloto del año pasado, prohibiendo además el acceso con relojes, gafas o bolígrafos inteligentes. Galicia continuará utilizando estos detectores, un sistema implantado en su comunidad desde 2019. Por su parte, Cataluña realizará controles aleatorios con dispositivos de detección en las aulas, y Aragón instalará inhibidores y rastreadores en la Universidad de Zaragoza como un elemento de disuasión frente a métodos para copiar que son «cada día más sofisticados».
Estas tecnologías buscan localizar de forma específica el uso de pinganillos de tamaño milimétrico. Se trata de aparatos tan reducidos e inapreciables a la vista que resultan indetectables para los vigilantes presenciales y que, a menudo, requieren de un imán para poder ser extraídos del oído del estudiante. A través de ellos, los alumnos pueden escuchar las respuestas que se les dictan desde el exterior o interactuar con sistemas de asistencia por voz basados en inteligencia artificial.
El despliegue ha generado un efecto dominó en el resto del mapa autonómico. Las administraciones de Baleares y Cantabria ya se están planteando estudiar la implantación de estos sistemas de detección de frecuencias en sus territorios. En la misma línea, la Universidad de Oviedo en Asturias analiza su incorporación no desde una postura de desconfianza hacia el alumnado, sino con el firme propósito de preservar unas condiciones de equidad, juego limpio y justicia para la inmensa mayoría que se examina de manera honesta.
En el extremo opuesto se sitúa Castilla y León, cuya Consejería de Educación ha descartado por el momento la utilización de estos detectores de frecuencia al no haber registrado casos de fraude electrónico en las convocatorias previas. No obstante, el gobierno castellano-leonés ha precisado que se mantiene en un estado de adaptación permanente por si fuera necesario cambiar de estrategia en el futuro de cara a las pruebas que se celebrarán a principios de junio de 2026.