Los Sindicatos de Inquilinas preparan movilizaciones masivas en toda España: «La vivienda nos cuesta la vida»

Las protestas exigen una bajada de los alquileres, el fin de los contratos temporales y la subida de salarios y pensiones mínimas hasta los 1.500 euros

La Confederación Estatal de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado un calendario de movilizaciones que se extenderá durante las próximas seis semanas en más de una veintena de ciudades españolas. Bajo el lema La vivienda nos cuesta la vida, los colectivos denuncian una situación de asfixia financiera para las familias, provocada por unos alquileres «por las nubes» frente a unos salarios estancados. El objetivo de esta ofensiva en las calles es forzar medidas que detengan la escalada de precios y la inestabilidad habitacional.

Las reivindicaciones de la plataforma no se limitan solo al mercado inmobiliario, sino que plantean una mejora de las condiciones de vida generales. Entre sus exigencias destacan el aumento del salario mínimo y las pensiones hasta los 1.500 euros, la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos y la aprobación de una ley estatal que regule el uso fraudulento de los alquileres por habitaciones y de temporada. Además, instan a la expropiación de pisos de grandes tenedores para crear un parque público que ponga fin a los desahucios.

Manifestación en Madrid

En Madrid, donde la manifestación principal se celebrará el domingo 24 de mayo, los organizadores denuncian que los ciudadanos ya destinan hasta el 70% de su sueldo al pago del alquiler. Esta crisis, advierten, está paralizando las trayectorias vitales de miles de personas, impidiéndoles independizarse o elegir dónde vivir. Las portavoces responsabilizan tanto al Gobierno central como al regional de la falta de soluciones ante la proliferación de pisos turísticos y la «voracidad» de una minoría rentista que fomenta la desigualdad.

Un aspecto clave de esta convocatoria es la unidad frente a los intentos de división social. Los sindicatos, respaldados por asociaciones de vecinos y coordinadoras de pensionistas, rechazan que el problema de la vivienda sea un conflicto generacional o contra la población migrante. Aseguran que se trata de un problema de clase que afecta por igual a jóvenes que no pueden emanciparse y a mayores con rentas precarias que temen ser expulsados de sus barrios tras décadas de residencia.

Tras un año de calma relativa en las calles, los colectivos consideran que es el momento de retomar las grandes protestas y advierten con elevar el tono de la confrontación. Elisa Molina, portavoz de la Confederación, ha avanzado que, si no se producen cambios significativos, el siguiente paso será avanzar hacia una huelga general por la vivienda y contra la carestía de la vida. Para ello, ya han iniciado conversaciones con sindicatos laborales con el fin de construir un proceso de desobediencia civil a gran escala.