Yo le lamo las sandalias a mi jefa

La escuela de déspotas: el síndrome del guardaespaldas y la educación que se mama en la cuna

«La soberbia es el abismo donde se precipitan los espíritus que, habiendo alcanzado una posición de poder, olvidan su origen y su humanidad.» — Gabriel García Márquez.

Existe un fenómeno, tan insidioso como frecuente en los laberintos de la administración pública, que podríamos calificar como la metástasis del desdén: la escuela de déspotas. Aquellos que, por una suerte de ósmosis perversa, han asimilado la conducta de un superior, se consideran investidos de una autoridad delegada para ejercer el maltrato. Se observa aquí una metamorfosis constante, similar a las criaturas de la ficción que, desprovistas de un núcleo identitario sólido, adoptan la figura del agresor para encubrir su propia vacuidad. Estos funcionarios transforman su rostro ante cualquier interlocutor, creyéndose autorizados a despojar al otro de su dignidad, olvidando que el uniforme o el cargo no son más que un disfraz para un ser que, en su interior, carece de la educación fundamental que se mama en la cuna.

El síndrome de Procusto es el mecanismo predilecto de esta estirpe. Ante el ciudadano o el profesional de talla superior, el funcionario déspota siente la imperiosa necesidad de recortar al otro, de nivelarlo a su propia mediocridad o de destruirlo si su brillo resulta insoportable. No soportan la presencia de quien, por méritos, ostenta una superioridad que ellos no pueden alcanzar. Así, despliegan un arsenal de humillaciones como táctica de supervivencia, pues el complejo de inferioridad, potenciado por el síndrome de hibris —esa desmesurada soberbia que ciega al individuo ante su realidad—, los conduce a creerse dioses de una oficina. Es, en última instancia, una afrenta contra sus propias almas; cada día, al retirarse, arrastran el peso de haber convertido el servicio público en un escenario de servidumbre impuesta.

Existe, además, una deformación psicológica donde el funcionario asume como propia cualquier crítica —o incluso cualquier consulta legítima— dirigida a su superior. Se produce aquí una suerte de síndrome de Estocolmo institucionalizado: el empleado, inmerso en un entorno de autoritarismo, se identifica tanto con su agresor que llega a protegerlo de fantasmas inexistentes. Para estos sujetos, la simple presencia de un ciudadano es una ofensa, una «osadía» que interrumpe su inactividad. Son individuos que, paradójicamente, buscan trabajo con el único fin de evitarlo, encontrando en el maltrato el escudo perfecto para ahuyentar al público. Esta idolatría ciega los convierte en centinelas de la nada, seres que defienden un trono de cartón piedra con una ferocidad explicable solo desde la carencia de una personalidad propia.

Resulta desolador constatar cómo ante el buen trato, ante la cortesía de quien se acerca con rectitud, estos personajes responden con infamia. Es una reacción automática, como si la amabilidad fuera un espejo que les devuelve una imagen que no pueden tolerar. Son repelentes por naturaleza, incapaces de procesar la bondad, pues su psique ha sido moldeada por el maltrato y la negligencia formativa en el hogar. La educación formal, los títulos colgados en paredes de mármol, no son más que un adorno tras el cual se esconden carencias afectivas profundas. La verdadera instrucción, aquella que se forja en el respeto por el prójimo, brilla por su ausencia, dejando como único rastro la amargura de un ser que desprecia la luz ajena porque vive inmerso en su propia oscuridad.

Dentro de este ecosistema de corrupción, estos sujetos se enroscan como serpientes. La dinámica de estas oficinas es una verdadera cadena alimenticia de vicios donde solo el corrupto sobrevive. Se relacionan exclusivamente entre sí o con aquellos que, movidos por el cohecho, perpetúan el círculo vicioso. La lealtad entre ellos no nace de la virtud, sino de la complicidad en la infamia; son seres gregarios en la maldad, que se protegen bajo un manto de impunidad construida sobre la base del atropello. El profesional ético es visto como un cuerpo extraño que debe ser expulsado, pues su sola presencia amenaza la arquitectura de la ignominia que han edificado con tanto esmero durante años.

Es imperativo subrayar que existen quienes se sienten a gusto con este maltrato, pues, como reza el refrán, «cada quien se arrima a la sombra que más le refresca», y en este caso, su sombra es la corrupción. Para estos individuos, el maltrato no es una conducta aprendida por imitación del jefe, sino que encontraron el caldo de cultivo propicio para manifestar su verdadera naturaleza y esencia perversa. No se trata de un simple acto de obediencia jerárquica, sino de una vocación por la infamia. Al maltratar, no están siguiendo órdenes; están celebrando su propia maldad, regocijándose en el ejercicio de un poder que, aunque diminuto, les permite humillar a sus semejantes con total impunidad y deleite personal.

La administración pública no puede ser un campo de concentración para el maltrato ni un semillero de déspotas en formación. El servidor público de talla tiene el deber ético de romper la cadena del despotismo. Si el jefe es un tirano, la respuesta del subordinado formado no debe ser la imitación cobarde, sino la excelencia en el servicio. La coherencia entre el saber y el hacer es el único antídoto contra esta «escuela» que gradúa profesionales sin alma. La universidad otorga el título, pero es la vida, y la formación en valores recibida en la cuna, lo que otorga la estatura moral necesaria para no convertirse en un instrumento de opresión contra el ciudadano indefenso.

«No hay nada más peligroso que un hombre ignorante que se cree sabio, ni nada más humillante que un sabio que ha perdido la humanidad.» — Mario Vargas Llosa.

La solución a este mal no reside en el castigo externo, sino en una revisión profunda de la ética pública. Debemos comprender que el cargo es temporal, pero la huella de la infamia es indeleble. La praxis administrativa debe purificarse, entendiendo que el ciudadano no es un súbdito ni un objeto sobre el cual descargar las frustraciones personales. Quienes han optado por la vía de la serpiente, por el engaño y el maltrato, deben entender que, más allá de la normativa, existe una ley natural que tarde o temprano impone su justicia. La humildad es la única armadura que realmente protege, pues, al final del camino, lo único que queda es la dignidad de haber tratado a los demás como seres humanos.

Estos funcionarios, al final de sus jornadas, se retiran a una soledad que ellos mismos han fabricado. Son seres que, en su constante ejercicio de violencia verbal y administrativa, han cortado cualquier puente con la verdadera felicidad. Se enroscan en su propia amargura, incapaces de comprender que la autoridad sin servicio es una cáscara vacía. La verdadera jerarquía no se impone, se reconoce; pero ellos, cegados por su propia arrogancia, han preferido el camino de la imposición, convirtiéndose en prisioneros de sus propios vicios. La historia de la administración pública está llena de nombres que, habiendo tenido la oportunidad de dejar un legado de servicio, solo dejaron un rastro de llanto y resentimiento en aquellos a quienes debieron proteger.

La educación, en su sentido más puro y noble, es la antítesis del despotismo. Aquel que ha sido bien educado en el hogar, aquel que conoce el valor del trabajo y el respeto por el otro, nunca podrá ser un déspota, sin importar quién sea su jefe. La cuna es la primera universidad, y cuando allí no se enseña la humildad, el título académico posterior es solo un barniz que oculta la podredumbre. Por ello, debemos denunciar esta escuela de déspotas, señalando que la verdadera calidad del funcionario público se mide por su capacidad de ser gentil ante la adversidad y justo ante el poder, valores que, desgraciadamente, no se aprenden en los libros, sino en la esencia profunda de un carácter templado por la integridad.

«La verdadera educación es la que nos hace mejores personas y no solo seres más instruidos.» — Unamuno.

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario