La justicia en la encrucijada: el riesgo de la instrumentalización procesal

«La justicia que no es igual para todos, no es justicia; es solo un mecanismo de poder disfrazado de legalidad.» — Gabriel García Márquez

La praxis judicial contemporánea atraviesa una crisis de legitimidad preocupante, donde el discurso de género, en lugar de ser un instrumento de tutela real, ha degenerado en un mecanismo de opresión procesal. Nos enfrentamos a una realidad donde la construcción de narrativas sustituye a la valoración probatoria técnica, dejando a una gran cantidad de hombres privados de libertad bajo la premisa de una denuncia carente de soporte fáctico. Este fenómeno no es accidental; es el resultado de un sistema que ha permitido que la ideología desplace al debido proceso, convirtiendo al juzgado en un escenario de inquisición moderna donde la presunción de inocencia es, en el mejor de los casos, una sugerencia ignorada. Como señaló magistralmente Mario Vargas Llosa: «Cuando la ley se subordina a las pasiones o a los fines ideológicos, el derecho deja de ser un escudo para convertirse en un arma de arbitrariedad».

La problemática reside en la desnaturalización de la prueba pericial y psicosocial. Actualmente, los informes de expertos forenses son frecuentemente sesgados, carentes de rigor científico y diseñados para validar una hipótesis de culpabilidad preestablecida. El sistema de justicia, al priorizar la facilidad de la condena sobre el esfuerzo titánico de la investigación objetiva, ha caído en la trampa de la instrumentalización. La denuncia, en este contexto, funciona como una sentencia anticipada: una vez formulada, el Estado renuncia a su deber de probar el hecho, trasladando una carga diabólica al imputado. Baltasar Gracián nos recuerda la importancia de la ecuanimidad: «La verdadera justicia no busca complacer a la mayoría, sino restaurar el equilibrio sobre la base de la verdad material». Ignorar esta premisa es pavimentar el camino hacia la erosión de todo el andamiaje jurídico.

Este uso instrumental del sistema punitivo constituye una forma de violencia institucional. Privar a un ciudadano de su libertad mediante la fabricación de hechos es un delito, pero cuando este acto es validado por fiscales y jueces, se convierte en un quiebre de la ética forense. La «ejemplarización» que se busca al perseguir a determinados sectores no cumple con ninguna función preventiva, sino que instaura un régimen de inseguridad jurídica. La integridad del debido proceso, principio universal del derecho penal, es sistemáticamente vulnerada al aceptar testimonios únicos, carentes de otros elementos de convicción, como prueba plena de cargo. En este punto, debemos preguntarnos: ¿a quién sirve una justicia que sacrifica a un inocente para calmar las aguas de una presión social mediática?

La solución a este escenario no pasa por la indiferencia, sino por la exigencia de una auditoría forense innegociable. Los informes que sirven de base para las medidas privativas de libertad deben ser sometidos a un escrutinio técnico riguroso. La defensa, como garante de las libertades constitucionales, debe actuar como un dique de contención contra el avance de las interpretaciones subjetivas que reinan en los tribunales de control. Como diría Unamuno: «La libertad es el derecho a la verdad, y no hay verdad posible donde el juez es más un político que un hombre de derecho». Es indispensable que el juzgador recupere su capacidad de análisis crítico, despojándose de los sesgos ideológicos que le impiden ver la realidad procesal, garantizando que ninguna privación de libertad sea fruto de la manipulación de las instituciones.

En definitiva, estamos ante un punto de inflexión. La equidad de género, que debería ser un valor de progreso, se ha convertido, por obra de una praxis judicial viciada, en una amenaza para los principios fundamentales del derecho. La moral de esta historia es sencilla pero contundente: un sistema penal que no garantiza la protección del ciudadano frente al error o la mentira, está destinado a colapsar sobre sí mismo. La justicia no puede ser una moneda de cambio en el mercado de las ideologías. Como cierre final, debemos tener presente: «La justicia solo florece en un terreno donde la verdad es la única soberana, y donde la libertad de un individuo es sagrada frente a la arbitrariedad del Estado».

«Quien condena a un inocente, se condena a sí mismo ante el tribunal de la historia y de la conciencia.» — Séneca

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario