El supervisor de los informes sobre la caja B del PP niega haber ordenado eliminar el nombre de Rajoy

En este contexto, las declaraciones de los distintos agentes implicados han mostrado versiones enfrentadas sobre lo ocurrido dentro de las unidades policiales encargadas de la investigación

El juicio relacionado con la conocida como Operación Kitchen continúa dejando declaraciones relevantes sobre uno de los episodios políticos y policiales más controvertidos de los últimos años en España. Este lunes, un inspector jefe de la Policía Nacional que supervisó los informes vinculados a la supuesta contabilidad B del Partido Popular negó ante la Audiencia Nacional haber dado instrucciones para eliminar referencias al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

Durante su comparecencia judicial, el mando policial aseguró que nunca existió una orden directa para retirar nombres concretos de los informes elaborados por la unidad que investigaba el caso Gürtel. Según explicó, el criterio aplicado en la revisión de esos documentos respondía únicamente a la necesidad de actuar con “mucha cautela” y evitar errores antes de incorporar determinadas referencias personales en documentos oficiales.

El inspector insistió en que las dudas surgían especialmente cuando algunas menciones procedían de anotaciones o iniciales cuya autenticidad todavía no estaba completamente confirmada. Por ello, defendió que las revisiones realizadas sobre los informes respondían a motivos estrictamente técnicos y no a presiones políticas.

Estas declaraciones contradicen directamente la versión ofrecida anteriormente por el inspector Manuel Morocho, uno de los principales investigadores del caso Gürtel. Morocho había denunciado en sede judicial la existencia de presiones internas y de una supuesta estrategia orientada a debilitar la investigación sobre la financiación irregular del PP.

La Operación Kitchen y las contradicciones entre mandos policiales

La Operación Kitchen investiga el presunto espionaje organizado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de obtener información comprometedora del extesorero popular Luis Bárcenas. Según las acusaciones, el operativo habría buscado obstaculizar el avance judicial del caso Gürtel y proteger a determinados dirigentes políticos.

En este contexto, las declaraciones de los distintos agentes implicados han mostrado versiones enfrentadas sobre lo ocurrido dentro de las unidades policiales encargadas de la investigación. Mientras Morocho denunció intentos de desarticular su grupo de trabajo, el inspector que declaró este lunes defendió justo lo contrario.

Según su testimonio, la unidad investigadora recibió apoyo constante y llegó incluso a reforzarse con más funcionarios debido al enorme volumen de trabajo acumulado. También explicó que algunos agentes pidieron cambios de destino por desgaste profesional o por las dificultades de trabajar bajo una dirección exigente, aunque negó que existiera un intento deliberado de desmontar el equipo.

El juicio sigue avanzando en medio de una enorme expectación política y mediática. Cada comparecencia aporta nuevos detalles sobre el funcionamiento interno de la investigación y sobre las tensiones existentes dentro de la Policía durante aquellos años.

La Audiencia Nacional deberá ahora valorar las diferentes versiones ofrecidas por los testigos y determinar si realmente existieron maniobras destinadas a interferir en las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular del Partido Popular y el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.