Investigan la muerte de un bebé de 20 días como caso de violencia vicaria en Lanzarote

El padre del menor, que carece de carné de conducir, cambió su versión de un atragantamiento a un accidente de tráfico tras detectarse un traumatismo craneal en la autopsia

La Guardia Civil y la autoridad judicial han llevado a cabo una reconstrucción de los hechos en la vivienda familiar de El Cuchillo, en el municipio de Tinajo, para esclarecer la muerte de un bebé de 20 días. Durante la inspección ocular, el único investigado —el padre del menor, de 32 años— ofreció explicaciones sobre lo ocurrido el pasado 12 de abril ante el Grupo de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de Las Palmas.

El caso está marcado por las importantes contradicciones en el relato del progenitor, quien inicialmente comunicó a los servicios de emergencia que el lactante se había atragantado. Sin embargo, posteriormente modificó su declaración asegurando que el bebé comenzó a encontrarse mal tras sufrir un supuesto accidente de tráfico esa misma mañana, un siniestro del que no existe constancia oficial ni testigos hasta la fecha.

Resultados de la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia han desmentido las dos versiones ofrecidas por el padre, situando la causa del fallecimiento en un traumatismo craneoencefálico. Según los investigadores, esta lesión es incompatible tanto con el atragantamiento como con la mecánica del accidente descrita por el investigado, lo que ha generado serias dudas sobre la verdadera naturaleza de los hechos ocurridos antes del ingreso del menor.

El suceso se remonta al domingo 12 de abril, cuando los padres acudieron al centro de salud de Tinajo con el recién nacido en parada respiratoria. Tras una primera reanimación por parte de la Policía Local y su posterior traslado al Hospital Molina Orosa, el bebé fue evacuado en helicóptero a Gran Canaria, donde falleció días después debido a la extrema gravedad de sus lesiones.

El padre, que tiene antecedentes por violencia de género y robos, se enfrenta de momento a cargos por homicidio por imprudencia y un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir. No obstante, la magistrada Silvia Muñoz no descarta elevar la calificación a un delito doloso —intencionado— a medida que la instrucción avance y se aclare el origen real del golpe mortal.