El Gobierno de España ha puesto en marcha un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a más de medio millón de personas. Para acceder a esta medida, los solicitantes deben acreditar su permanencia en el país desde antes del 1 de enero de 2026, carecer de antecedentes penales y demostrar al menos cinco meses de estancia continuada. Quienes superen el trámite obtendrán un permiso de residencia y trabajo por un año, lo que les permitirá acceder plenamente al sistema sanitario y a la Seguridad Social.
Desde el punto de vista macroeconómico, el impacto se prevé notable. Según estimaciones de BBVA Research, la medida podría impulsar el PIB un 0,6% adicional en un solo año. El Gobierno defiende que esta iniciativa beneficia a personas que, en su mayoría, ya están trabajando pero de forma invisible para el Estado. Al formalizar su situación, se espera un aumento inmediato de los ingresos públicos y una mejora en la estabilidad de las contrataciones en sectores que actualmente sufren falta de personal.
Raymond Torres, experto de FUNCAS, destaca que la regularización combate la competencia desleal entre compañías. Según explica Torres, «un empleo regularizado es un empleo que cotiza a la Seguridad Social, que cotiza al erario público con los impuestos con respecto a una mano de obra irregular». Esta transición permite que empresas que operaban en la sombra deban legalizarse o desaparecer, fortaleciendo así el tejido empresarial formal y garantizando condiciones laborales dignas para los trabajadores.
La patronal española también ha recibido la noticia con optimismo, viendo en ella una solución a la falta de mano de obra. Ángela de Miguel, de Cepyme, señala que las vacantes son uno de los «grandísimos problemas» actuales de las pymes. Por su parte, la economía sumergida, que en España representa el 24% del PIB, se verá directamente afectada. Torres sostiene que «esta medida lo que hace es socavar el sustento de la economía sumergida», obligando a los sectores de servicios, construcción y restauración a profesionalizarse.
En cuanto al impacto en los sueldos, el aumento de la oferta laboral podría provocar un ligero estancamiento de los salarios reales. Sin embargo, los analistas prefieren este escenario frente al riesgo de estrangulamiento económico. El experto de FUNCAS advierte que no actuar podría llevar a España a un estancamiento similar al de otros países europeos, defendiendo la incorporación de mano de obra extranjera como un motor necesario para que la economía siga siendo pujante y dinámica.
De cara a los próximos años, el reto reside en organizar este flujo de manera estratégica. Torres incide en que, aunque hasta ahora ha existido un acoplamiento natural entre el perfil del migrante y las necesidades del país, es vital «consensuar una estrategia de inmigración» más explícita. El objetivo es que la política migratoria se adapte de forma organizada a los futuros cambios tecnológicos y productivos de la economía española, asegurando que el sistema siga siendo sostenible a largo plazo.