España cerró el año 2025 como el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, alcanzando un 28,4%. A nivel general, el riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) afecta ya al 25,7% de la población española, lo que representa a casi 12,6 millones de personas, una cifra muy superior a la media europea del 20,9%.
El perfil de los colectivos más vulnerables muestra una clara brecha de género y edad: las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 24 años registran los niveles más altos de riesgo. Además, existe una relación directa con la formación académica, ya que el riesgo de pobreza es tres veces mayor en personas con estudios básicos frente a quienes poseen educación superior.
En el ámbito laboral, España presenta una estadística alarmante al situarse como el segundo país de la UE con más «trabajadores pobres». El 11,2% de la población empleada no logra salir de la pobreza pese a tener un sueldo, mientras que el desempleo dispara la vulnerabilidad hasta afectar a dos de cada tres personas en paro.
Uno de los puntos más críticos señalados por la Red EAPN-ES es la baja eficacia de las ayudas públicas. Las transferencias sociales en España solo logran reducir la pobreza en un 23,2%, una capacidad de impacto significativamente menor a la de países como Bélgica o Irlanda, que logran reducirla a más de la mitad mediante sus políticas de protección.
Ante esta situación, las organizaciones sociales exigen medidas urgentes que incluyan una reforma fiscal redistributiva y políticas de vivienda más ambiciosas. La petición principal es la creación de una Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza basada en los derechos humanos para combatir una precariedad que se ha vuelto estructural en el país.