La inocencia de Federico y la equivocación de la jurisdicción especial de género

Hay algo peor que la cárcel: la injusticia de estar en ella sin motivo, y ver cómo afuera el mundo aplaude tu propia destrucción.»

El móvil de la denuncia falsa en contra de Federico fue la ambición desmedida por su patrimonio, pretendiendo el despojo de su morada; un hecho denunciado desde el inicio por su defensa técnica y documentado en el registro público de las redes sociales. Este caso representa uno de los episodios más sombríos de la jurisprudencia argentina contemporánea, donde la presunción de inocencia resultó pulverizada por una estructura judicial que, bajo el estandarte de la protección de género, omitió el más elemental rigor probatorio. Federico Osán, un joven cuya existencia se detuvo abruptamente a finales de 2018, fue procesado bajo la Causa N° 5530 del Departamento Judicial de Quilmes por presuntos delitos de coacciones agravadas, lesiones y amenazas. Lo devastador no radicó solo en la acusación, sino en la celeridad con la que el sistema lo arrancó de su entorno basándose únicamente en el testimonio manipulado de su expareja. Durante el proceso de instrucción, se solicitó una pena que podría haberlo sepultado en una celda por más de una década; una condena de muerte civil para un hombre que clamaba una verdad ignorada deliberadamente en los despachos oficiales.

El cuadro familiar de Federico fue el primer escenario de esta tragedia humanitaria. Hijo de progenitores que se convirtieron en los estandartes de su lid y hermano de quienes no dudaron en movilizarse frente a los tribunales, Osán observó cómo su rol de protector se desvanecía tras los muros de la unidad penitenciaria. Especialmente lacerante fue el impacto en su paternidad; el alejamiento forzado de sus vástagos y la angustia de sus padres configuraron una vejación psicológica que no concluye con la libertad física. No hubo para él beneficio de la duda; imperó una sentencia social y un calabozo preventivo que se extendió por diez meses de tortura emocional, mientras su familia desarticulaba la red de falacias tejida en su contra.

La estancia de Federico en prisión no fue un simple hiato de espera, sino una sucesión de maltratos y riesgos permanentes. Al ingresar a un sistema penitenciario colapsado con la etiqueta de «victimario de género», quedó expuesto a la jerarquía carcelaria que suele castigar con especial ensañamiento estos delitos. Esta privación ilegítima de la libertad, fundamentada en audios editados y testimonios apócrifos que la fiscalía no verificó oportunamente, constituye una forma de tortura institucionalizada. El hombre que entró al presidio era un trabajador con proyectos; el que resistió dentro fue un sobreviviente que veía cómo el tribunal soslayaba las evidencias que su defensa presentaba para demostrar que los ataques denunciados eran fabricaciones de la denunciante.

El desenlace técnico llegó el 12 de agosto de 2019, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes dictó su absolución total. El fallo fue contundente: los magistrados reconocieron que Federico era inocente y que las pruebas habían sido groseramente alteradas. Sin embargo, el daño ya era irreversible. Federico recuperó su libertad física, pero el sistema le arrebató diez meses de vida, dejando al descubierto la precariedad de una jurisdicción que se deja arrastrar por la corrección política en lugar de los hechos fácticos. Esta mutilación de su vida civil es el ejemplo patente de cómo la justicia, cuando se vuelve dogmática, cesa de serlo para transformarse en una herramienta de opresión ideológica que actúa como un estado dentro del Estado.

Siete años después de aquella infamia, la historia se repite con una crueldad que el lenguaje apenas alcanza a describir, demostrando que la ideología sobre el derecho produce resultados letales. En este abril de 2026, la Argentina vuelve a estremecerse por Ángel Nicolás López, un niño de tan solo cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia. Su padre, Luis López, ha denunciado la negligencia criminal de un sistema que le arrebató a su hijo para entregárselo a su progenitora biológica, de quien el niño carecía de vínculos afectivos sólidos. La justicia, representada por el juez Pablo Pérez, ignoró las advertencias del padre y las súplicas del menor, priorizando un determinismo de género por encima de la integridad y la vida del niño.

Este fracaso institucional encuentra su trágico precedente en el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en 2021 por su madre y la pareja de esta tras una cadena de omisiones judiciales. En aquel entonces, la justicia de familia desoyó los reclamos del padre, Cristian Dupuy, entregando al pequeño a un entorno de torturas que terminó en un homicidio que conmovió al mundo. Tanto en el caso de Ángel como en el de Lucio, el denominador común es la ceguera de una jurisdicción que otorga la custodia basándose en prejuicios ideológicos, ignorando el peligro inminente que acecha a los hijos cuando el sistema decide beneficiar ciegamente a la madre.

Resulta alarmante y pedagógicamente desolador que los operadores de esta jurisdicción especial de género parezcan desconocer las lecciones más antiguas de la historia humana, ignorando incluso los relatos fundamentales que dan forma a nuestra civilización. Pareciera que en los despachos judiciales jamás se ha leído la Biblia o que se ha omitido deliberadamente el Génesis (capítulo 39), donde, conforme recoge el texto sagrado, se registra el primer caso documentado de una infamia judicial motivada por el despecho: el de José y la mujer de Putifar. José, un hombre íntegro, fue encarcelado injustamente tras la acusación falsa de la esposa de su amo, quien utilizó sus vestiduras como prueba fabricada para imputarle un intento de violación. Este episodio dio origen a lo que hoy se denomina el «Síndrome de la mujer de Putifar», un patrón psicológico donde la mentira se convierte en el arma predilecta para destruir al hombre que no se doblega. ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo que el sistema ignore la existencia de la calumnia como herramienta de poder? ¿Acaso los magistrados desconocen que la naturaleza humana también alberga la capacidad de orquestar la mentira más abyecta?

Ante este panorama de libertades conculcadas y vidas segadas, surge la interrogante que desvela la inutilidad y peligrosidad de este esquema: ¿Cuántos miles de «Federicos» están actualmente privados de libertad por una jurisdicción que se cree el estado dentro del estado, cuántos Federicos deambulan hoy por los pasillos de la injusticia, despojados de su nombre y su honra por el solo hecho de ser hombres frente a una denuncia sin pruebas? ¿Cuántos niños como Ángel y Lucio deberán sacrificar su hálito vital en el altar de una ideología que ha metamorfoseado la protección en depredación institucional? Si el sistema judicial, en su afán por instaurar una «justicia especial», termina protegiendo al victimario y encarcelando al inocente, ¿no estamos acaso frente a un ente que ha traicionado su razón de ser? La sociedad debe despertar ante esta maquinaria que maneja las libertades bajo supuestos falsos y dogmas que desprecian la evidencia objetiva.

«En un mundo de fugitivos, el que transita por el camino recto parece que huye.» — T.S. Eliot

Dr. Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario