Junts vuelve a darle la espalda al Gobierno y tumba junto a PP y VOX la prórroga de los alquileres de Sumar

La medida impulsada por Sumar pretendía prorrogar los contratos de alquiler que vencían en los próximos años, concretamente en 2026 y 2027

El debate sobre la vivienda ha vuelto a protagonizar una jornada intensa en el Congreso. El decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler ha sido finalmente rechazado tras no lograr el respaldo suficiente en el hemiciclo. La iniciativa, que buscaba ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos, ha sido tumbada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, en una votación que refleja la fragmentación política en torno a este asunto.

El resultado ha sido claro: 177 votos en contra frente a 166 a favor y 6 abstenciones. Además de los partidos que lideraron el rechazo, también se sumó UPN al “no”, mientras que el PNV optó por abstenerse. El resto de grupos, incluido el PSOE, apoyaron el decreto, aunque no fue suficiente para sacarlo adelante.

Un decreto que buscaba proteger a los inquilinos

La medida impulsada por Sumar pretendía prorrogar los contratos de alquiler que vencían en los próximos años, concretamente en 2026 y 2027. El objetivo era evitar situaciones de incertidumbre para miles de familias y ofrecer un marco de mayor seguridad residencial en un contexto de precios al alza.

Además, el decreto incluía un límite a las subidas de los alquileres, estableciendo un tope del 2% en la actualización de las rentas. Esta medida buscaba contener el impacto económico en los hogares, especialmente en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.

Sin embargo, los partidos que votaron en contra han cuestionado tanto el contenido como el enfoque de la norma. Consideran que este tipo de medidas pueden generar efectos contraproducentes en el mercado, como la reducción de la oferta de vivienda en alquiler o una mayor inseguridad jurídica para los propietarios.

Un nuevo episodio de bloqueo político en vivienda

La caída del decreto refleja las dificultades del Gobierno para sacar adelante iniciativas clave en un Parlamento sin mayorías claras. La vivienda se ha convertido en un terreno de confrontación política, donde las diferencias ideológicas dificultan la búsqueda de consensos.

Desde el Ejecutivo, se defendía que la medida era necesaria para proteger a los ciudadanos más vulnerables y garantizar un acceso más equitativo a la vivienda. Por su parte, la oposición ha insistido en la necesidad de abordar el problema desde otras perspectivas, como el aumento de la oferta o incentivos al mercado.

Con la derogación del decreto, las medidas que estaban en vigor desde marzo quedan sin efecto, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los contratos afectados. Este escenario obliga al Gobierno a replantear su estrategia y buscar nuevas fórmulas que puedan obtener un mayor respaldo parlamentario.