El sistema judicial universal guarda en sus archivos casos de profunda perturbación que sirven como advertencia sobre el peligro de otorgar poder a psiques desmanteladas. Uno de los precedentes más vergonzosos y reveladores es el de la exjueza Elizabeth Halverson en Las Vegas, Nevada (2007-2008). Su gestión no fue una judicatura, sino una exhibición pública de patología desbordada que inició con la degradación de sus subordinados. Halverson, bajo el manto del trastorno histriónico y narcisista, convirtió su oficina en un escenario de servidumbre personal donde obligaba a sus empleados, bajo coacción, a darle masajes en la espalda y los pies. Esta conducta no era una simple excentricidad, sino la manifestación clínica de una necesidad patológica de ser el centro de atención absoluta y de forzar una intimidad física para reafirmar su dominio. Al igual que la juzgadora que hoy denunciamos, Halverson utilizaba su investidura para saciar hambres de protagonismo y control emocional, demostrando que cuando el estrado se transforma en un teatro personal, la majestad de la ley se disuelve en el capricho de una mente enferma que confunde autoridad con tiranía doméstica.
La mente de una juzgadora de estas características funciona como una auténtica «gaveta de sastre». En la psicología forense y la psiquiatría, el término comorbilidad explica la coexistencia de múltiples trastornos que se potencian entre sí; en este caso, es como si un costurero guardara desordenadamente hilos de narcisismo, agujas oxidadas de psicopatía, tijeras de bipolaridad y retazos de impulsos histriónicos. Esta comorbilidad (la coexistencia de trastornos del Grupo B del DSM-5: narcisismo e histrionismo) en la psique judicial actual genera una ceguera ética donde la juez se cree dueña de la verdad y del destino ajeno. Esta «gaveta de sastre» mental impide que exista una línea recta en la aplicación del derecho, pues cada acto procesal es cosido con hilos de inestabilidad y mala fe. Al igual que en el precedente de Nevada, donde Halverson llegaba a reunirse a solas con los jurados violando el debido proceso, esta mezcla desordenada de patologías hace que la funcionaria pierda la capacidad de distinguir entre su voluntad y la norma, convirtiendo el expediente en un collage de arbitrariedades donde lo único que importa es alimentar su ego hipertrofiado.
En el escenario del estrado, esta patología se manifiesta como una necesidad compulsiva de ser el foco de todas las miradas, convirtiendo el recinto judicial en un teatro personal donde la ley es apenas un guion secundario supeditado a sus caprichos anímicos. El trastorno histriónico de la personalidad de la juez se revela con nitidez en su mutabilidad de carácter, una inestabilidad que utiliza como herramienta de control coercitivo sobre todos los intervinientes. Su actuación es un desfile constante de máscaras: puede iniciar una audiencia con una «bonitura» fingida, sonriendo con una cortesía que parece auténtica y saludando con una calidez envolvente que busca desarmar psicológicamente a la contraparte, para luego, en un giro súbito, dramático y violento, transformar su rostro y su voz en un despliegue de hostilidad absoluta. Esta oscilación, que evidencia una bipolaridad conductual no gestionada, deja a las partes en un estado de indefensión, pues el abogado nunca sabe si se enfrentará a la funcionaria cordial o a la juzgadora colérica que utiliza el mazo no para impartir justicia, sino para saciar sus hambres de protagonismo y su necesidad de dominio emocional.
Históricamente, la gabela fue un tributo arbitrario y gravoso que los poderosos imponían sobre bienes de primera necesidad, convirtiéndose en el símbolo máximo de la opresión y el control absoluto sobre la vida del ciudadano. En el sistema de justicia contemporáneo, esta figura revive bajo una forma perversa y técnica: el secuestro del tiempo procesal mediante la anulación de la fe pública. Cuando una juzgadora ignora deliberadamente la trazabilidad horaria en las actas de investigación penal o en las declaraciones de testigos y denunciantes, no comete un simple error administrativo, sino que está cobrando una gabela a la seguridad jurídica. Para que hasta un niño de primaria pueda entender la gravedad de este acto: es como si en una competencia escolar, el juez decidiera que el cronómetro solo avanza cuando su corredor favorito corre, o que la meta se alcanzó a una hora que él mismo inventó en su libreta para favorecer a alguien. Esa falta de respeto por la exactitud cronológica en las actuaciones de los órganos de prueba es un acto de dominio totalitario donde la justicia deja de ser un derecho para transformarse en una trampa diseñada para embaucar al abogado desprevenido.
La juzgadora que padece rasgos de psicopatía narcisista siente un desprecio visceral por los protocolos de actuación y las normas que rigen la trazabilidad de los actos procesales. Para este tipo de perfiles patológicos, la ley no es un límite al poder, sino un obstáculo molesto que debe ser sorteado con astucia malintencionada y una soberbia desmedida. La trazabilidad horaria es, en esencia, el registro inmutable que permite verificar la legalidad y la veracidad de una declaración, una experticia o cualquier actuación de los órganos de prueba en el tiempo real. Sin embargo, para esta estructura psíquica, el tiempo es una plastilina que se moldea según la conveniencia del ego y la necesidad de «cuadrar» expedientes que carecen de sustento fáctico. Como bien señalaba Miguel de Unamuno, existen individuos que buscan imponer su sola presencia sobre la realidad fáctica para no sentirse insignificantes en su vacuidad; en este caso, la juez impone su propio cronómetro en cada acta, borrando la secuencia lógica de los hechos para que nada coincida, creyendo ciegamente que su supuesta «viveza» es superior a la de todo el foro jurídico.
Esta conducta de «reina de escena» que desprecia el rigor administrativo evoca las páginas más profundas de la literatura universal sobre el delirio del poder absoluto. En su monumental novela «El otoño del patriarca», Gabriel García Márquez narra la historia de un dictador caribeño que había perdido todo contacto con la realidad objetiva, al punto de que, cuando preguntaba qué hora era, sus cortesanos, aterrorizados por su inestabilidad, le respondían al unísono: “La que usted ordene, mi general”. De la misma forma exacta, en el estrado patológico, la juez narcisista e histriónica vive en un universo paralelo donde el tiempo de una declaración o el horario de una actuación policial es «el que ella ordene». Que un acta de investigación no guarde la más mínima correspondencia cronológica con la realidad de los hechos le importa un bledo; ella se siente la dueña de la luz y de las sombras, la única inteligencia legítima en un mar de supuestos «brutos», tratando de «echarse la de viva» ante la defensa mientras viola sistemáticamente los protocolos de actuación y las leyes que juró defender con transparencia.
Desde la psicología forense, el comportamiento del psicópata integrado en la administración de justicia se caracteriza por una persistente «máscara de cordura» que oculta un desprecio absoluto por la verdad y la equidad. La juez histriónica no busca la justicia restaurativa, sino el drama procesal constante; necesita que el proceso gire en torno a sus estados de ánimo cambiantes y a su necesidad de ser validada como figura de poder omnímodo. Al manipular u omitir las horas en las actuaciones penales, busca desorientar a la defensa técnica mediante un gaslighting procesal sistemático, haciendo dudar a los demás de lo que es evidente ante los ojos de cualquier observador imparcial. Si no existen horas claras y precisas en las actas de los órganos de prueba o en las declaraciones de la denunciante, se rompe irremediablemente la cadena de custodia de la verdad y el debido proceso se desvanece en una neblina de ambigüedad calculada. Ella cree que su desorden cronológico pasará inadvertido, pero lo que realmente queda expuesto ante el ojo experto es su incapacidad radical para mantener una conducta profesional estable.
Mario Vargas Llosa, en su agudo análisis sobre las tiranías y el comportamiento humano frente al poder absoluto, ha descrito cómo los regímenes autoritarios manipulan los registros históricos para fabricar realidades a medida y condenar a sus adversarios sin pruebas; de igual manera, la psicopatía judicial utiliza la falta de trazabilidad horaria para «cocinar» expedientes a su antojo personal y beneficiar sus propios intereses o sesgos cognitivos. El desprecio por el detalle cronológico es el síntoma definitivo de una psique que, bajo su ceguera de Dunning-Kruger, se cree por encima de cualquier escrutinio técnico o ético del foro jurídico. Para ella, los abogados y los órganos de prueba son simples piezas de un tablero que ella mueve a su arbitrio, ignorando que la trazabilidad es la única garantía de que el proceso no se convierta en una cacería de brujas judicial. La gabela que impone es la incertidumbre absoluta, donde el ciudadano ya no sabe si es juzgado por lo que hizo o por el capricho temporal de una funcionaria que ha perdido el norte de la objetividad jurídica y se regocija en el caos.
La mutabilidad de esta juez, que hoy te sonríe con dulzura fingida y mañana te atropella con la soberbia de quien se cree intocable, es una afrenta directa a la majestad de la ley y a la dignidad de la profesión docente y jurídica. La bipolaridad conductual en el ejercicio de la jurisdicción genera un clima de terrorismo judicial silencioso que asfixia el derecho a la defensa y desvirtúa la función social del juzgador. Cuando la cortesía es usada como una trampa para ganar confianza y la hostilidad como un castigo injustificado para quien exige legalidad, el tribunal deja de ser un lugar de paz social para convertirse en un escenario de tortura psicológica y manipulación mediata. La juez que se regocija en su supuesta «viveza» al omitir los protocolos horarios está, en realidad, demostrando una pobreza moral inmensa y una carencia total de integridad profesional. Su necesidad de ser adorada o temida, propia del trastorno histriónico de la personalidad, nubla su capacidad de juicio racional, haciendo que sus decisiones carezcan de fundamentación lógica y se basen únicamente en impulsos viscerales.
En conclusión, la erradicación de estos vicios comienza por identificarlos y nombrarlos con la precisión terminológica que otorga la ciencia jurídica y la psicología clínica moderna. La gabela del narcisismo y el trastorno histriónico de la juez es una anomalía sistémica que debe ser extirpada con el bisturí de la transparencia, la auditoría horaria y la denuncia documentada sin ambages. Solo así podremos recuperar un estrado donde la sal de la sabiduría no esté monopolizada por la soberbia de quien se cree «viva» por burlar un reloj o manipular una declaración en un acta de investigación penal. El juicio debe volver a ser un acto de rectitud moral, un proceso donde la trazabilidad horaria sea el faro inamovible que guíe la búsqueda de la verdad, y no una mercancía que se paga con la humillación del abogado y la indefensión del justiciable. La justicia debe ser, finalmente, ese bien común que se recibe por derecho inalienable bajo la luz del sol y el rigor del tiempo real, y no una ficción oscura dictada por el capricho de una mente en permanente conflicto con la ética, la realidad y la majestad del cargo.
“La bondad es la única inversión que nunca falla”. Henry David Thoreau
Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario