Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha testificado este miércoles en el Tribunal Supremo sobre la contratación de Jéssica Rodríguez, quien fuera pareja del exministro José Luis Ábalos. Pardo de Vera reconoció haber enviado el currículum de Rodríguez a la empresa pública Ineco, aunque matizó que lo hizo «sin exigencias» y simplemente trasladando un documento que procedía del gabinete del ministro, concretamente de Koldo García.
La testigo defendió que su actuación no fue irregular, alegando que ella carecía de competencias sobre el personal de Ineco. «Mandar un currículum no supone absolutamente nada», afirmó ante el tribunal, insistiendo en que solo lo entregó a la presidencia de dicha entidad por si el perfil encajaba en alguna vacante, recalcando que en aquel momento no conocía personalmente a la candidata.
Sin embargo, la situación cambió cuando tuvo conocimiento de la relación sentimental entre Rodríguez y Ábalos. Pardo de Vera aseguró que, al enterarse, identificó un «conflicto de interés claro» y decidió intervenir para finalizar el contrato. Según su relato, llamó personalmente al entonces ministro para comunicarle que la relación laboral no podía continuar, a lo que este aceptó sin objeciones.
Respecto a la vertiente del caso vinculada a la pandemia, la exdirectiva abordó la polémica compra de mascarillas por parte de Adif. Pardo de Vera se desmarcó de la planificación del pedido, afirmando que el volumen de cinco millones de unidades «venía ya definido» por una orden ministerial de Transportes y que Adif no tuvo capacidad de decisión en la cantidad.
«Adif ahí no tiene ningún papel», sentenció al explicar que se limitaron a ejecutar una tramitación de emergencia sobre la que no recibió instrucciones específicas. Además, admitió desconocer si existía un estudio técnico previo que justificara la compra de tal magnitud, señalando que la instrucción llegó directamente desde la cúpula del Ministerio.
Finalmente, a pesar de las sombras de sospecha sobre la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, la expresidenta de Adif defendió la ejecución del contrato. Según manifestó en sede judicial, los resultados de la operación «fueron satisfactorios» y se cumplió con un análisis de riesgo previo a la compra de los suministros sanitarios.