La empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el Tribunal Supremo un relato que añade nuevos elementos al conocido caso de las mascarillas. Durante su declaración, aseguró que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz, siguiendo instrucciones del empresario Víctor de Aldama.
Según explicó, el dinero fue trasladado en dos entregas de 45.000 euros cada una, en momentos distintos. En ambas ocasiones, relató que fue recibida directamente en el edificio por una persona que la esperaba, lo que sugiere una operación organizada y sin intermediarios visibles en ese momento.
Pano vinculó estos pagos con la obtención de una licencia relacionada con la empresa Villafuel, propiedad del empresario Claudio Rivas. En su testimonio, dejó entrever que el dinero formaría parte de un proceso de intermediación que buscaba facilitar dicha autorización.
La empresaria también afirmó que actuó siguiendo indicaciones directas de Aldama, quien, según su versión, le indicó que debía encargarse personalmente de llevar el dinero porque él no podía desplazarse. Este detalle añade un matiz de confianza y jerarquía en la relación entre ambos.
Su declaración se produce en un contexto judicial complejo, donde diferentes testimonios están intentando reconstruir un entramado de posibles irregularidades. En este sentido, la versión de Pano aporta una narrativa concreta sobre el uso de dinero en efectivo y su destino.
Más allá de la entrega de dinero, uno de los aspectos más llamativos de la declaración ha sido la referencia a José Luis Ábalos. Según Pano, Aldama le habría transmitido que el entonces ministro “quería una casa” como parte de la operación vinculada a la licencia.
En este contexto, señaló que el empresario Claudio Rivas habría adquirido una vivienda en La Alcaidesa (Cádiz), que inicialmente ella interpretó como una inversión, pero que posteriormente entendió que estaba destinada a Ábalos. Esta afirmación introduce un elemento especialmente sensible en el caso, al apuntar a un posible beneficio personal ligado a decisiones administrativas.
Por otro lado, la declaración también ha incluido aportaciones de la hija de la empresaria, quien ha mencionado supuestos pagos relevantes a Aldama y Koldo García. Aunque estas afirmaciones han sido objeto de debate y posibles contradicciones, contribuyen a dibujar un escenario en el que circulan grandes cantidades de dinero y múltiples actores implicados.
El proceso judicial deberá ahora valorar la consistencia de estos testimonios y contrastarlos con otras pruebas. En este tipo de casos, donde las declaraciones juegan un papel clave, cada detalle puede resultar determinante para esclarecer los hechos.