Un exdirectivo de Logirail, filial de Renfe, denuncia llamadas de Koldo con amenazas por el ‘caso Montes’

El testigo asegura que recibió presiones tras las quejas de una trabajadora, en un caso que plantea dudas sobre posibles interferencias externas y gestión interna

El juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas sigue sumando declaraciones relevantes. En esta ocasión, Enrique Martínez, exgerente de la empresa pública Logirail, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que recibió llamadas de Koldo García con un tono claramente intimidatorio.

Según su relato, estas comunicaciones se produjeron tras las quejas de Claudia Montes, quien manifestaba sentirse maltratada en su entorno laboral. Martínez ha explicado que las llamadas iban dirigidas a la dirección de la empresa y que incluían advertencias contundentes, con expresiones que sugerían posibles consecuencias para los responsables.

El testigo ha descrito un clima de presión e incomodidad, en el que se intentaba influir en la gestión interna de la compañía. Sin embargo, también ha matizado que no tenía constancia de una situación formal de acoso laboral, aunque sí reconocía el descontento de Montes con su situación profesional.

Estas declaraciones se enmarcan dentro de un proceso judicial que también involucra a figuras como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, y que sigue generando interés por la complejidad de los hechos y las conexiones entre los implicados.

Dudas sobre la gestión interna y posibles influencias

Más allá de las presuntas amenazas, el testimonio de Martínez ha puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con la organización interna de Logirail y el papel que pudieron desempeñar determinados actores externos.

El exdirectivo ha relatado que Montes justificaba su ausencia en el puesto de trabajo alegando que había recibido indicaciones desde el ministerio. Según su versión, la trabajadora mencionó directamente a Koldo García como la persona que le habría dicho que no era necesario acudir a su puesto, lo que generó sorpresa en la dirección.

Ante esta situación, Martínez solicitó que dichas instrucciones se formalizaran por escrito, ya que él tenía la obligación de cumplir con los procedimientos internos. Este episodio refleja las dificultades de gestión cuando se perciben interferencias externas en el funcionamiento de una empresa pública.

Asimismo, durante la vista se ha planteado si el cese de Martínez en 2021 pudo estar relacionado con estas circunstancias. Aunque él ha señalado que la explicación oficial apuntaba a desacuerdos con la dirección, la coincidencia temporal ha despertado interrogantes sobre el contexto de su salida.

El caso pone de relieve la complejidad de las relaciones entre administración, empresas públicas y figuras políticas, especialmente en situaciones de conflicto. La existencia de presuntas presiones o instrucciones informales puede generar escenarios de difícil gestión y comprometer la transparencia institucional.