Cápsula de conocimiento: Ley de Amnistía en España

El choque de trenes entre el Poder Legislativo y el Judicial. La excepcionalidad jurídica frente al principio de igualdad. El control de la Unión Europea y el espacio de libertad y justicia

«Una amnistía que no sea fruto de un consenso social amplio, sino del intercambio de votos por impunidad, despoja a la ley de su dimensión ética y la convierte en un mero instrumento de facción.» Miguel de Unamuno

La naturaleza de la amnistía y la exclusión de la malversación

La Ley de Amnistía, diseñada para exonerar las responsabilidades derivadas del proceso independentista catalán, se enfrenta a un obstáculo técnico insalvable en sede judicial: la interpretación del delito de malversación. Bajo la óptica de la teoría del Estado de Derecho, la amnistía no puede cubrir actos que impliquen un beneficio personal o patrimonial. El Tribunal Supremo de España ha dictaminado que la malversación de fondos públicos para fines secesionistas no es amnistiable si existió un «ánimo de lucro» —entendido como el ahorro de un gasto que debían costear los autores—, lo que mantiene vigentes las órdenes de detención y las condenas, desafiando la voluntad del legislador.

La primacía del Derecho de la Unión Europea y la cuestión prejudicial

El debate se ha desplazado del Congreso a los tribunales europeos. Mediante la interposición de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los jueces españoles han paralizado la aplicación de la ley en diversos casos. La jurisprudencia comunitaria es inflexible en cuanto a la protección de los intereses financieros de la Unión; si la amnistía debilita la persecución de la corrupción o el desvío de fondos, podría colisionar con el Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que obligaría a su inaplicación por el principio de primacía del derecho europeo.

La quiebra de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley

Desde la perspectiva de la axiología jurídica, la ley se tambalea al crear un estatuto de privilegio para determinados ciudadanos por motivos políticos. La doctrina constitucional clásica sostiene que la amnistía es una medida excepcional que debe buscar la «paz social»; sin embargo, cuando la norma nace sin el consenso de las grandes fuerzas del Estado y es cuestionada por la propia cúpula del Poder Judicial, se produce una erosión de la confianza institucional. La ley está «flameando» precisamente porque su validez no depende ya de los votos parlamentarios, sino de su encaje en el marco constitucional y europeo.

«En el momento en que la política entra en el templo de la justicia por la puerta de la impunidad, la justicia sale por la ventana de la libertad.»

Doctor Crisanto Gregorio León

Doctor Crisanto Gregorio León

Profesor Universitario